Desde que en los años 80, la Comisión Presidencial para la Reforma (Copre), profundiza el debate intelectual sobre la necesidad de desconcentrar y descentralizar las funciones del Estado, el tema sobre lo sui generis de la descentralización político-territorial presente en la Constitución del 61 es retomado con vigor. Importantes estudios y reflexiones se dieron a conocer, y foros, grupos de investigación, espacios para el debate fueron surgiendo con la inquietante propuesta de desarrollar la descentralización. Sin embargo, la tendencia a desmontar las grandes y numerosas responsabilidades en los ejecutivos nacionales, obedecía a recomendaciones que venían importadas principalmente desde las academias norteamericanas, y su mayor motivación, era asemejar los sistemas democráticos latinoamericanos al de los Estados Unidos, una forma distinta y moderna de coloniaje, claro, acompañado de las “necesarias reformas” en materia económica.
Es conocido en papel que jugó la comisión trilateral compuesta por Michael Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, el segundo de ellos por cierto uno de los intelectuales que justificaron académicamente la intervención grosera de los Estados Unidos en los países Árabes.
Esta comisión, trató aspectos relevantes para el futuro de las democracias, llegando a una de sus conclusiones, que el estado no tenía la capacidad de satisfacer las demandas sociales, por lo que era importante desconcentrarlo, transfiriendo sus competencias hacia el sector privado y otras formas de organización del sistema político, principalmente de los Estados Unidos, Japón y Francia, pero que luego fue presentado como la fundamentación para el pensamiento neoliberal que se reimpulsó desde la década de los 70 hasta nuestros días.
Bajo este precepto, países como Bolivia, Venezuela, Colombia, iniciaron procesos de reforma de los sistemas políticos, introduciendo cambios en la organización de las formas de gobierno, pero bajo la premisa de tomar a los Estados y Municipios (en el caso venezolano) como figuras ajenas al Estado y a su control, y mal entendiendo la autonomía con una pseudoindependencia –forma distinta pero muy similar en la dinámica de la privatización- frente a la posibilidad de consolidar la idea de nación y soberanía nacional. Pero este proceso en nuestro país, obedeció más a razones políticas coyunturales, pues se llevó adelante en el ocaso del sistema político producto de la democracia puntofijista, y el declive de los actores sociales y políticos ya carentes de legitimidad.
Se tomó la descentralización político territorial como un paliativo a la crisis del sistema democrático, más que a razones estructuradas sobre el necesario por demás proceso de transferencia de competencias a estructuras político-territoriales que fuese garantía de un mayor desarrollo democrático del sistema político venezolano.
En otros términos “acercar” las instituciones al pueblo, para ser más eficiente la función pública. Hoy, somos partícipes de una concepción distinta de la descentralización, en donde a partir de un proceso de transferencia del poder de incidir de forma activa y real del pueblo en la planificación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, a partir del desarrollo de la democracia participativa y protagónica. Entonces, ¿Estamos frente a un proceso de descentralización o centralización del poder político? Definitivamente se avanza en la descentralización “vertical” del poder público.
