lunes, 6 de septiembre de 2010

Descentralización e inseguridad

POR LA CALLE DEL MEDIO
05/09/2010
http://www.diariolaregion.net/seccion.asp?pid=29&sid=1567¬id=97410&fecha=09/05/2010

Desde que en los años 80, la Comisión Presidencial para la Reforma (Copre), profundiza el debate intelectual sobre la necesidad de desconcentrar y descentralizar las funciones del Estado, el tema sobre lo sui generis de la descentralización político-territorial presente en la Constitución del 61 es retomado con vigor. Importantes estudios y reflexiones se dieron a conocer, y foros, grupos de investigación, espacios para el debate fueron surgiendo con la inquietante propuesta de desarrollar la descentralización. Sin embargo, la tendencia a desmontar las grandes y numerosas responsabilidades en los ejecutivos nacionales, obedecía a recomendaciones que venían importadas principalmente desde las academias norteamericanas, y su mayor motivación, era asemejar los sistemas democráticos latinoamericanos al de los Estados Unidos, una forma distinta y moderna de coloniaje, claro, acompañado de las “necesarias reformas” en materia económica. Es conocido en papel que jugó la comisión trilateral compuesta por Michael Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, el segundo de ellos por cierto uno de los intelectuales que justificaron académicamente la intervención grosera de los Estados Unidos en los países Árabes.Esta comisión, trató aspectos relevantes para el futuro de las democracias, llegando a una de sus conclusiones, que el estado no tenía la capacidad de satisfacer las demandas sociales, por lo que era importante desconcentrarlo, transfiriendo sus competencias hacia el sector privado y otras formas de organización del sistema político, principalmente de los Estados Unidos, Japón y Francia, pero que luego fue presentado como la fundamentación para el pensamiento neoliberal que se reimpulsó desde la década de los 70 hasta nuestros días. Bajo este precepto, países como Bolivia, Venezuela, Colombia, iniciaron procesos de reforma de los sistemas políticos, introduciendo cambios en la organización de las formas de gobierno, pero bajo la premisa de tomar a los Estados y Municipios (en el caso venezolano) como figuras ajenas al Estado y a su control, y mal entendiendo la autonomía con una pseudoindependencia –forma distinta pero muy similar en la dinámica de la privatización- frente a la posibilidad de consolidar la idea de nación y soberanía nacional. Considero que la descentralización político territorial se dio más como salida a las presiones que sobre el gobierno ejercía una sociedad agotada del impacto económico y social del paquetazo neoliberal de CAP II, que como respuesta a las demandas de grupos de presión para hacer realidad lo consagrado en la Constitución del 61 sobre lo de Estado Federal, pero solo lo comento, pues esto es harina de otro costal. En este proceso de transferencia, vino dado la creación de las policías administrativas, propias de los municipios, y las policías estadales. Claro, esto generó una mayor presencia policial, no hay duda, pero también degeneró en una gran descoordinación policial, pues a pesar que en el Ministerio del Interior existía –y aún existe en el actual MPPIJ- una dirección general de coordinación policial, el desorden entre policías, y las ansias propias de querer erigirse como autónomas que se confunden con “absolutamente independiente”, creó lo que en otras oportunidades he considerado como una relación de príncipes con monarcas, propias de nuestro siglo XV. Esta situación era grave, pero se complica a niveles escandalosos cuando le agregamos el componente político ideológico. No voy a extenderme en argumentar que en Venezuela existe una notoria división política producto de los conflictos irresolubles aún entre gobierno y oposición, pero ello ha redundado en un obstáculo difícil de franquear para planificar de forma conjunta políticas tan necesarias en nuestro país como lo es en materia de seguridad. Con una inseguridad que aún, a pesar de los logros del actual gobierno en su disminución, mantiene situado a la sociedad venezolana, es cruel y criminal que los gobernantes de distintas toldas políticas por no comulgar en las mismas iglesias de las ideologías políticas, no puedan llegar a acuerdos mínimos de coordinación. Y ello sin tomar en consideración al perverso uso de las policías para atentar en contra de la propia democracia, me refiero a los dantescos sucesos del 11 de abril de 2002. En ese escenario, es perentorio apelar a la imposición por parte del gobierno nacional de políticas en materia de seguridad, pues un problema que lamentablemente se politiza y cuyas consecuencias se cuentan en número de muertos y NO EN NÚMERO DE VOTOS, se convierte en un asunto de Estado. Pero esta imposición debe partir de la conciliación con los gobernantes en ejercicio en un dialogo franco y constructivo que tenga como objetivo lograr acordar acciones conjuntas, para evitar que el conflicto se aumente en un espiral perverso de violencia. Los escenario se han abiertos, pero algunos gobernadores y alcaldes miopes no han atendido y entendido el llamado. La solución creo que no pasa por transferir competencias de seguridad a quien no le compete, ni mucho menos retroceder en materia de descentralización. Creo que la solución pasa por “imponer” –pues lamentablemente de forma voluntaria las diferencias políticas impiden cualquier intento cordial de coordinar acciones- espacios para la coordinación, ejecución, seguimiento y control de políticas de seguridad, no transitorios ni temporales, sino permanentes e institucionales. El DIBISE es una alternativa temporal, la Policía Nacional sin temores ni planteamientos tímidos y a medio pelo, es una solución. Siempre y cuando se partan de criterios técnicos- políticos y no exclusivamente ideológicos y partidistas.

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