lunes, 29 de noviembre de 2010

CLAVES PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE (y III)

Luego de haber abordado el tema de la eficiencia en gestión pública y los elementos éticos del servidor público, donde la corrupción es el eje central, queremos cerrar estas reflexiones con el tema de la impunidad. Hay muchos otros elementos que coadyuvan como garantías de una buena gestión. Sin embargo, consideramos que partiendo del supuesto que las instituciones modelan las conductas de los servidores públicos y ellos a su vez las configuran, hay muchos otros elementos del ámbito institucional e individual que no estamos incorporando al análisis. Pero si, quizás sean los más relevantes, y así lo creemos.

Una de las grandes deficiencias de nuestro Estado –concepto que trasciende el de gobierno-, ha sido el bajo interés y preocupación por el desarrollo institucional. Y en esa lid, el tema de las instituciones encargadas del seguimiento, control y promoción (recompensa) sanción (castigo) de la conducta del funcionario público en ejercicio, no escapa. No es un asunto estrictamente de las instituciones privadas el tema de la promoción y estímulo de sus trabajadores, y lo competitivo que deben ser para captar los mejores talentos.

Nuestra administración pública en una suerte inversa, no posee los estímulos e incentivos suficientes para captar los mejores profesionales. Los sueldos y salarios son los más bajos de mercado laboral, por esa suerte de constituirse el Estado como gran empleador. Si revisamos el sistema de seguimiento y control, nos encontramos que nuestro aparato administrativo tiene profundas fallas y deficiencias en esa materia. De ser contrario lo que afirmo, lo que sucedió con Pdval, la situación del Metro de Caracas, el caos en la ciudad de Caracas, el puente que se desplomó en el Estado Bolívar, las ocupaciones ilegales en los bordes de la carretera Panamericana, entre otros, no hubiesen sucedido.

Y esto sucede por la combinación perversa de ineficiencia con corrupción, sumando la otra arista de la Impunidad. Si tengo la certeza de que puedo burlar el sistema judicial, o que si me atrapa puedo fugarme de los centros de reclusión, sería un riesgo calculado el acometer fechorías afectando los recursos públicos.

La ausencia de un sistema judicial sano es garantía de la corrupción, y ambos son causas indirectas de la ineficiencia en el ejercicio de la función pública. ¿Cómo es posible que nuestras contralorías no investiguen la procedencia de los capitales de funcionarios públicos de alto nivel? Las propiedades adquiridas luego o en la ocupación de cargos ya ni siquiera se cuidan en su estética. Se exhibe sin mayor menoscabo, pues hay ausencia de sanción. Y quizás sean los más notorios, pero si bajamos la mirada hacia funcionarios de menor rango, el asunto es similar.

Conozco de un caso, grosero por demás, de un funcionario del gobierno de Carrizal que se enriqueció con recursos públicos, y que es reconocido como tal de forma abierta por su entorno. Su fortuna la obtuvo de los guisos permanentes, producto de los proyectos del FIDES y la LAEE, los cuales al no existir mayores controles, pues simplemente los administró a sus anchas, haciendo un verdadero desfalco en esa materia. Amasa una fortuna que se traduce en un nivel de vida no propio de alguien que proviene de una vida muy austera. ¿Cómo es posible que no se hayan tomado medidas para averiguar la procedencia de esos bienes que adquirió y adquiere de forma abierta? ¿Qué pasa con su entorno, acaso nos acostumbramos a ver con naturalidad y a tolerar actos de corrupción, pues consideramos que robar es sinónimo de viveza?

Se impone la impunidad a tal punto que ya el Estado, no controla el uso legítimo de la violencia, pues en una suerte de deformación de la seguridad ciudadana, hoy día algunas policías nacionales, estadales y municipales, acogen como algo “normal” el hecho que se esté usando recursos del Estado para proteger de forma privada a comercios y a personas.

Un simple paseo por los Altos Mirandinos, haciendo una parada en San Antonio, puede servir para constatar esta realidad. Ya es normal que a la hora del cierre algunos negocios gocen del privilegio de tener una patrulla policial afuera para proteger de forma privada –pues priva a los demás del disfrute de un servicio público- a dueños y establecimiento que “colaboran” con funcionarios por su “eficiente labor”.

No es nuevo que en nuestro sistema judicial campee la impunidad, pues si nos remontamos a los tiempos de la 4ta, Carlos Andrés Pérez hubiese sido apresado por el caso de la Fragata en 1979, Lusinchi por el caso de la compra fraudulenta de los jeeps en 1987, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni por asesinos y ser responsables de crímenes de lesa humanidad al eliminar y desaparecer físicamente a un sinnúmero de líderes de la izquierda venezolana, por nombrar a presidentes de nuestro país.

¿Quién sanciona? ¿Ya lo asumimos como algo normal? ¿Ya no es un escándalo? ¿O es que acaso la sanción responde a intereses meramente políticos, o sea que los órganos contralores y sancionadores en general son más un instrumento del gobierno que del Estado?

Mi llamado es a no seguir tomando como algo normal tales hechos que son irregulares, los cuales deterioran nuestras instituciones, no las de ahora sino que determinan el cómo serán en un mañana. Algunos tentados por los cantos de sirena –así es correctamente el dicho popular-, podrían afirmar que la solución es reducir el tamaño del Estado o incluso asumir de forma irreflexiva los modelos de gestión del sector privado. Ello, con la determinación de que el Estado “atienda lo que le es natural” y deje en manos de privados el resto de áreas que “no le son de su competencia”.

Pero la realidad evidencia que eso no es totalmente cierto. Primero, es falso que existan competencias exclusivas y no del Estado. Segundo, es falso que el único depositario de esas “otras” competencias deban ser administradas por manos privadas. Finlandia, España, Francia y Argentina, son tres ejemplos que pudiésemos considerar para evidenciar que el Estado puede administrar eficientemente sectores de política pública. Tercero, el que particulares administren servicios públicos esenciales para los ciudadanos, no son garantía del goce inclusivo de los mismos. En el caso de los ejemplos citados, el primero de ellos estuvo considerado como el país con el mayor nivel de calidad de vida en el mundo por muchos años, y en el caso de Francia y España, sus sistemas de salud pública son realmente envidiables. Argentina, es un ejemplo en nuestro continente de un modelo de educación superior pública eficiente.

Creo que el problema, insisto, está en la cultura política del ciudadano venezolano, el cual asume como normal que se lapiden los recursos que provienen fundamentalmente de eso que Juan Pablo Pérez Alfonso Pablo llamó el excremento del diablo: nuestro petróleo. Un cambio cultural no es sencillo ni se da de la noche a la mañana. Pero es posible, si se asume que el compromiso es social, y no sólo institucional.

lunes, 22 de noviembre de 2010

CLAVES PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE (II)

Tal como lo adelantamos en la entrega anterior, vamos a continuar con un conjunto de reflexiones y proposiciones sobre el desempeño de la administración pública venezolana, y en esta oportunidad abordaremos un tema escabroso como lo es la corrupción. Lo primero que hay que tener en claro, es que al hablar de corrupción nos referimos a muchas dimensiones de la condición ética del ser social, por ello alertamos que trataremos exclusivamente el ámbito del ejercicio de la función pública. Nos vamos a limitar a reflexionar sobre la ética de aquel sujeto que ocupa funciones dentro de la Administración Pública, ya sea nacional, estadal, municipal e incluso, ahora comunal.

Este fenómeno que nace como parte del funcionamiento común de un sistema político, tanto como las bacterias o las células dañinas que todo sistema humano tiene, suele tener ciertos niveles de “tolerancia”, pues es ingenuamente idealista afirmar que es posible erradicarla en su totalidad, y es más real considerar que se puede disminuirla a expresiones que sitúen el tema de la “corrupción” por debajo de la línea del escándalo político, y sea potencialmente un conflicto.

Sin embargo, surge la interrogante de ¿Cuál es ese nivel de tolerancia? Y sobre todo ¿Quién establece y con qué criterios en qué punto la corrupción es un escándalo político? Nos tienta una primera aproximación de respuesta: los medios de comunicación, pues es justamente esa caja negra que transmite imágenes y sonidos –y próximamente olores-, las cajas más pequeñas que reproducen sonidos, y el papel impreso, desde donde se induce a sus videntes a construir la realidad, y sobre ella sus opiniones.

Quedémonos infelizmente con esa primera aproximación, aunque sabemos que hay otras dimensiones desde donde se construye la realidad social, pero quizás haya otras que en virtud de la complejidad de su explicación dejamos a un lado. Me refiero fundamentalmente a las redes sociales.

El tema de la corrupción dentro de la administración pública, y sobre todo nuestra administración, es actualmente un escándalo político. La corrupción se ha enquistado como un cáncer en la ética del funcionario público, y su práctica ha pasado de ser una regla más que una excepción. Y ningún nivel, institución, condición o cargo está exento, en todos se encuentran casos escandalosos.

Recuerdo por ejemplo, un hecho que me condujo a un fuerte cuestionamiento sobre mi propia condición de ciudadano. Me refiero al tema de las morgues, donde, afortunadamente no en todas, es sugerido por quienes en ellas laboran la posibilidad de agilizar los trámites propios de estos casos, a cambio de algún monto en metálico. Tiempo que termina siendo igual al establecido, pero que de no responder a su sugerida ayuda, pues simplemente son motivo de retardo procesal. Se trata de la finalización de un proceso muy doloroso como es el de darle sepultura -en algunos casos- a un ser querido, y que ni siquiera a este nivel, se apela a la sensibilidad humana, y las miserias asquerosas que dominan el lado bueno de los seres humanos, relucen irreductibles frente al llanto y el dolor.

Conozco de casos muy dolorosos como sociedad, donde nuestros cuerpos de seguridad ciudadana están lamentablemente involucrados, y que distrae su atención hacia el perverso deseo de poseer. Es conocido las "otras" pérdidas que un ciudadano que sufre un accidentes donde se compromete sus facultades de juicio -por ejemplo en accidentes de tránsito-, es objeto. Familiares, amigos, conocidos, luego de sufrir penosos accidentes viales, al recobrar sus facultades, se hayan sin sus pertenencias, pues en una suerte de hurto vulgar, funcionarios públicos deshonestos, que no poseen ningún principio moral o ético, se aprovechan de forma descarada.

Frente a ello, seguimos tan expuestos como ante un delincuente común. Afortunamente estas instituciones, cuentan con verdaderos servidores públicos, algunos que han dado o puesto en riesgo su vida en el cumplimiento de su loable labor: salvar vidas. Pero a veces las manzanas podridas impregnan con su olor putrefacto el dulce olor de lo sano, fresco y saludable. Aprovecho esta oportunidad para saludar a mi querido amigo Oliver Piñero, incansable bombero cuya moral y ética en el servicio público, es ejemplo para su institución.

Para nadie que habite en nuestro país o que quiera visitarlo, desconoce que la situación de inseguridad es preocupante. Sin embargo, las policías nacionales, estadales y municipales no escapan de hechos vinculados a la corrupción. Tenemos fresco aún el caso del director de policía municipal del Monarca de Carrizal, el cual haciendo uso de su condición, cometió sendos robos, en el cual uno de ellos afortunadamente fue capturado por cámaras de seguridad. A mal de colmos, recientemente se fugó de su sitio de reclusión, irónicamente la sede de la policía que dirigía. Pero poco dista de las espectaculares fugas de Pedro Carmona y Carlos Ortega. Ingenuamente podamos calificar este suceso como de estupidez o mala práctica policial.

Pero si alzamos un poco la mirada en el análisis, nos encontramos con casos más bochornosos. Por ejemplo, la contratación de empresas que por el simple hecho de pagar jugosas comisiones, son contratadas sin al menos garantizar el desarrollo de obras públicas o la prestación de servicios públicos. Cuántos de ustedes se preguntarán, ¿por qué si cierta vía pública se asfaltó, se deterioró tan rápido? Recordemos las famosas “manchas negras” que durante años estuvieron en el principio de la vía Caracas-La Guaira y en la Panamericana.

A nivel de trámites y permisología la situación no es distinta. ¿Cómo es posible que ciertos establecimientos de venta de productos alimenticios elaborados o servicios médicos, hayan obtenido permisos sanitarios o patentes para su funcionamiento? ¿Cuántos incluso han atentado o producido la muerte de personas por simplemente no tener garantizado niveles de asepsias o fitosanitarios mínimos? Incluso, muchos se preguntan luego, cómo es posible que fueron exentos de sanción.

Y si seguimos más arriba en nuestra mirada, nos encontramos con los grandes contratos. Me viene al recuerdo, los famosos vasos de leche escolar que afectaron a una gran parte de los niños de escuelas públicas en el gobierno de CAP I en la zona de Petare, o los famosos contenedores de alimentos de Pudreval. Afortunadamente el segundo de ellos generó una fuerte respuesta por parte del gobierno, mientras que sobre el primero nada se hizo.

Incluso, de bajarla un poco más, hacia las estructuras del poder comunal, el asunto se ha reproducido, como una especie de información genética que se transmite al momento de asumir la responsabilidad de manejar recursos públicos. Recuerdo mis tiempos de funcionario en la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, cuando levantábamos el Plan de Ordenamiento Territorial. En esos trabajos de campo, tuve la oportunidad de conocer la realidad de algunos líderes de consejos comunales, los cuales se manifestaron agradecidos por los recursos que bajaban del gobierno nacional, pues con ellos habían podido comprar la nevera soñada durante mucho tiempo, remodelar las casas, e incluso adquirir un vehículo nuevo. Para conocer los detalles de tamaña triquiñuela, conocí a viva voz la forma de operar: Presentaba un proyecto a los organismos financistas (varios, afortunadamente) recibían los recursos, hacían un sancocho y rifaban celulares y tarjetas de teléfonos a algunos miembros de la comunidad, y el resto del dinero les quedaba a ellos para sus "cosas personales". El problema: la ausencia de fiscalización de los recursos, la impunidad y la falta de seguimiento a los objetivos de los proyectos presentados.

Pero pudiésemos continuar enumerando y ampliando el margen de acción de funcionarios y líderes comunitarios corruptos, algunos confesos, otros escudados en sus testaferros, a través de los cuales administran empresas y contratos. Pero creo más loable analizar qué ha hecho el Estado y los distintos gobiernos para tratar de disminuir este flagelo.

En primer lugar, creo que se ha avanzado en la creación de controles institucionales que garantizan la accountability o rendición de cuentas. Se han introducido controles importantes como los referéndums, o la rendición pública de cuentas, así como la creación de un Poder Ciudadano, la Ley contra la Corrupción, una Oficina Anticorrupción, una nueva Ley de la Función Pública, y la figura de la contraloría social.

Pero las instituciones no son suficientes, y nunca lo serán, pues definitivamente el asunto no se soluciona sólo con leyes ni normas, sino con una nueva ética del funcionario público. Y los asuntos de la ética no le competen exclusivamente al gobierno sino que es concurrente con la sociedad y su célula madre, la familia. Desde niños nos enseñan acompañados de nuestro a veces indeseable familiar, la tele, que somos en la medida que tenemos, y que sólo nuestra riqueza se concreta a través de las cosas, en un proceso de cosificación de la felicidad.

Decía Marx: mientras más me acerco al mundo de las cosas, más me alejo del mundo de los hombres. Y es que ese consumismo grosero al que estamos sometidos y bombardeados día a día, nos supedita al deseo a veces incontenible de querer tener más. Y es justo en ese planteamiento donde muchos males de la sociedad se explican. Parece absurdo, pero en muchas de las zonas populares un par de zapatos o un pantalón y una camisa, son el destino de la totalidad que un empleado percibe por concepto de su salario mensual. Y eso crea deseos de más, y muchos de ellos se satisfacen por otras vías, ilegales por cierto, donde la corrupción en los que pueden acometerla desde lo público (sin tomar en cuenta lo privado, donde no se eximen hechos asociados) es lo menos malo.

Por otra parte, necesitamos la determinación social de no aceptar la corrupción como un hecho normal, pues nos hace indiferentes. No podemos seguir reproduciendo irreflexivamente esta tolerancia hacia la corrupción, pues con nuestra actitud comprensiva y a veces anhelada por algunos, profundizamos un valor que debe ser extirpado de la sociedad. Con algunos de estos cambios, y seguramente con otros, las instituciones funcionarán mejor, pues creo que es donde efectivamente hay que buscar las respuestas. Pero es un proceso bidireccional, porque desde las instituciones también debe haber correspondencia hacia un cambio social de esta magnitud.

¿Cómo se incita al ciudadano a cursar una denuncia a un órgano policial, cuando la institución no escoge con inteligencia y prudencia a quienes cumplen esta función? Conozco un caso de un comercio donde se efectuó un robo y el que tomó la denuncia en el organismo policial, fue uno de los que con el rostro descubierto perpetró en el establecimiento para cometer la fechoría.

No creo que en Venezuela el gobierno y la sociedad esperen a llegar a escandalosos niveles de corrupción y descontrol social como en México, donde por cierto actualmente me encuentro atendiendo una invitación de la Universidad Autónoma de Puebla, país azotado ferozmente por niveles extraordinarios de descontrol gubernamental, donde la corrupción suplantó hace años la ética funcionarial. En otros términos, ser corrupto es ser funcionario público. En la próxima entrega seguiremos avanzando en estas necesarias reflexiones.