lunes, 22 de noviembre de 2010

CLAVES PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE (II)

Tal como lo adelantamos en la entrega anterior, vamos a continuar con un conjunto de reflexiones y proposiciones sobre el desempeño de la administración pública venezolana, y en esta oportunidad abordaremos un tema escabroso como lo es la corrupción. Lo primero que hay que tener en claro, es que al hablar de corrupción nos referimos a muchas dimensiones de la condición ética del ser social, por ello alertamos que trataremos exclusivamente el ámbito del ejercicio de la función pública. Nos vamos a limitar a reflexionar sobre la ética de aquel sujeto que ocupa funciones dentro de la Administración Pública, ya sea nacional, estadal, municipal e incluso, ahora comunal.

Este fenómeno que nace como parte del funcionamiento común de un sistema político, tanto como las bacterias o las células dañinas que todo sistema humano tiene, suele tener ciertos niveles de “tolerancia”, pues es ingenuamente idealista afirmar que es posible erradicarla en su totalidad, y es más real considerar que se puede disminuirla a expresiones que sitúen el tema de la “corrupción” por debajo de la línea del escándalo político, y sea potencialmente un conflicto.

Sin embargo, surge la interrogante de ¿Cuál es ese nivel de tolerancia? Y sobre todo ¿Quién establece y con qué criterios en qué punto la corrupción es un escándalo político? Nos tienta una primera aproximación de respuesta: los medios de comunicación, pues es justamente esa caja negra que transmite imágenes y sonidos –y próximamente olores-, las cajas más pequeñas que reproducen sonidos, y el papel impreso, desde donde se induce a sus videntes a construir la realidad, y sobre ella sus opiniones.

Quedémonos infelizmente con esa primera aproximación, aunque sabemos que hay otras dimensiones desde donde se construye la realidad social, pero quizás haya otras que en virtud de la complejidad de su explicación dejamos a un lado. Me refiero fundamentalmente a las redes sociales.

El tema de la corrupción dentro de la administración pública, y sobre todo nuestra administración, es actualmente un escándalo político. La corrupción se ha enquistado como un cáncer en la ética del funcionario público, y su práctica ha pasado de ser una regla más que una excepción. Y ningún nivel, institución, condición o cargo está exento, en todos se encuentran casos escandalosos.

Recuerdo por ejemplo, un hecho que me condujo a un fuerte cuestionamiento sobre mi propia condición de ciudadano. Me refiero al tema de las morgues, donde, afortunadamente no en todas, es sugerido por quienes en ellas laboran la posibilidad de agilizar los trámites propios de estos casos, a cambio de algún monto en metálico. Tiempo que termina siendo igual al establecido, pero que de no responder a su sugerida ayuda, pues simplemente son motivo de retardo procesal. Se trata de la finalización de un proceso muy doloroso como es el de darle sepultura -en algunos casos- a un ser querido, y que ni siquiera a este nivel, se apela a la sensibilidad humana, y las miserias asquerosas que dominan el lado bueno de los seres humanos, relucen irreductibles frente al llanto y el dolor.

Conozco de casos muy dolorosos como sociedad, donde nuestros cuerpos de seguridad ciudadana están lamentablemente involucrados, y que distrae su atención hacia el perverso deseo de poseer. Es conocido las "otras" pérdidas que un ciudadano que sufre un accidentes donde se compromete sus facultades de juicio -por ejemplo en accidentes de tránsito-, es objeto. Familiares, amigos, conocidos, luego de sufrir penosos accidentes viales, al recobrar sus facultades, se hayan sin sus pertenencias, pues en una suerte de hurto vulgar, funcionarios públicos deshonestos, que no poseen ningún principio moral o ético, se aprovechan de forma descarada.

Frente a ello, seguimos tan expuestos como ante un delincuente común. Afortunamente estas instituciones, cuentan con verdaderos servidores públicos, algunos que han dado o puesto en riesgo su vida en el cumplimiento de su loable labor: salvar vidas. Pero a veces las manzanas podridas impregnan con su olor putrefacto el dulce olor de lo sano, fresco y saludable. Aprovecho esta oportunidad para saludar a mi querido amigo Oliver Piñero, incansable bombero cuya moral y ética en el servicio público, es ejemplo para su institución.

Para nadie que habite en nuestro país o que quiera visitarlo, desconoce que la situación de inseguridad es preocupante. Sin embargo, las policías nacionales, estadales y municipales no escapan de hechos vinculados a la corrupción. Tenemos fresco aún el caso del director de policía municipal del Monarca de Carrizal, el cual haciendo uso de su condición, cometió sendos robos, en el cual uno de ellos afortunadamente fue capturado por cámaras de seguridad. A mal de colmos, recientemente se fugó de su sitio de reclusión, irónicamente la sede de la policía que dirigía. Pero poco dista de las espectaculares fugas de Pedro Carmona y Carlos Ortega. Ingenuamente podamos calificar este suceso como de estupidez o mala práctica policial.

Pero si alzamos un poco la mirada en el análisis, nos encontramos con casos más bochornosos. Por ejemplo, la contratación de empresas que por el simple hecho de pagar jugosas comisiones, son contratadas sin al menos garantizar el desarrollo de obras públicas o la prestación de servicios públicos. Cuántos de ustedes se preguntarán, ¿por qué si cierta vía pública se asfaltó, se deterioró tan rápido? Recordemos las famosas “manchas negras” que durante años estuvieron en el principio de la vía Caracas-La Guaira y en la Panamericana.

A nivel de trámites y permisología la situación no es distinta. ¿Cómo es posible que ciertos establecimientos de venta de productos alimenticios elaborados o servicios médicos, hayan obtenido permisos sanitarios o patentes para su funcionamiento? ¿Cuántos incluso han atentado o producido la muerte de personas por simplemente no tener garantizado niveles de asepsias o fitosanitarios mínimos? Incluso, muchos se preguntan luego, cómo es posible que fueron exentos de sanción.

Y si seguimos más arriba en nuestra mirada, nos encontramos con los grandes contratos. Me viene al recuerdo, los famosos vasos de leche escolar que afectaron a una gran parte de los niños de escuelas públicas en el gobierno de CAP I en la zona de Petare, o los famosos contenedores de alimentos de Pudreval. Afortunadamente el segundo de ellos generó una fuerte respuesta por parte del gobierno, mientras que sobre el primero nada se hizo.

Incluso, de bajarla un poco más, hacia las estructuras del poder comunal, el asunto se ha reproducido, como una especie de información genética que se transmite al momento de asumir la responsabilidad de manejar recursos públicos. Recuerdo mis tiempos de funcionario en la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, cuando levantábamos el Plan de Ordenamiento Territorial. En esos trabajos de campo, tuve la oportunidad de conocer la realidad de algunos líderes de consejos comunales, los cuales se manifestaron agradecidos por los recursos que bajaban del gobierno nacional, pues con ellos habían podido comprar la nevera soñada durante mucho tiempo, remodelar las casas, e incluso adquirir un vehículo nuevo. Para conocer los detalles de tamaña triquiñuela, conocí a viva voz la forma de operar: Presentaba un proyecto a los organismos financistas (varios, afortunadamente) recibían los recursos, hacían un sancocho y rifaban celulares y tarjetas de teléfonos a algunos miembros de la comunidad, y el resto del dinero les quedaba a ellos para sus "cosas personales". El problema: la ausencia de fiscalización de los recursos, la impunidad y la falta de seguimiento a los objetivos de los proyectos presentados.

Pero pudiésemos continuar enumerando y ampliando el margen de acción de funcionarios y líderes comunitarios corruptos, algunos confesos, otros escudados en sus testaferros, a través de los cuales administran empresas y contratos. Pero creo más loable analizar qué ha hecho el Estado y los distintos gobiernos para tratar de disminuir este flagelo.

En primer lugar, creo que se ha avanzado en la creación de controles institucionales que garantizan la accountability o rendición de cuentas. Se han introducido controles importantes como los referéndums, o la rendición pública de cuentas, así como la creación de un Poder Ciudadano, la Ley contra la Corrupción, una Oficina Anticorrupción, una nueva Ley de la Función Pública, y la figura de la contraloría social.

Pero las instituciones no son suficientes, y nunca lo serán, pues definitivamente el asunto no se soluciona sólo con leyes ni normas, sino con una nueva ética del funcionario público. Y los asuntos de la ética no le competen exclusivamente al gobierno sino que es concurrente con la sociedad y su célula madre, la familia. Desde niños nos enseñan acompañados de nuestro a veces indeseable familiar, la tele, que somos en la medida que tenemos, y que sólo nuestra riqueza se concreta a través de las cosas, en un proceso de cosificación de la felicidad.

Decía Marx: mientras más me acerco al mundo de las cosas, más me alejo del mundo de los hombres. Y es que ese consumismo grosero al que estamos sometidos y bombardeados día a día, nos supedita al deseo a veces incontenible de querer tener más. Y es justo en ese planteamiento donde muchos males de la sociedad se explican. Parece absurdo, pero en muchas de las zonas populares un par de zapatos o un pantalón y una camisa, son el destino de la totalidad que un empleado percibe por concepto de su salario mensual. Y eso crea deseos de más, y muchos de ellos se satisfacen por otras vías, ilegales por cierto, donde la corrupción en los que pueden acometerla desde lo público (sin tomar en cuenta lo privado, donde no se eximen hechos asociados) es lo menos malo.

Por otra parte, necesitamos la determinación social de no aceptar la corrupción como un hecho normal, pues nos hace indiferentes. No podemos seguir reproduciendo irreflexivamente esta tolerancia hacia la corrupción, pues con nuestra actitud comprensiva y a veces anhelada por algunos, profundizamos un valor que debe ser extirpado de la sociedad. Con algunos de estos cambios, y seguramente con otros, las instituciones funcionarán mejor, pues creo que es donde efectivamente hay que buscar las respuestas. Pero es un proceso bidireccional, porque desde las instituciones también debe haber correspondencia hacia un cambio social de esta magnitud.

¿Cómo se incita al ciudadano a cursar una denuncia a un órgano policial, cuando la institución no escoge con inteligencia y prudencia a quienes cumplen esta función? Conozco un caso de un comercio donde se efectuó un robo y el que tomó la denuncia en el organismo policial, fue uno de los que con el rostro descubierto perpetró en el establecimiento para cometer la fechoría.

No creo que en Venezuela el gobierno y la sociedad esperen a llegar a escandalosos niveles de corrupción y descontrol social como en México, donde por cierto actualmente me encuentro atendiendo una invitación de la Universidad Autónoma de Puebla, país azotado ferozmente por niveles extraordinarios de descontrol gubernamental, donde la corrupción suplantó hace años la ética funcionarial. En otros términos, ser corrupto es ser funcionario público. En la próxima entrega seguiremos avanzando en estas necesarias reflexiones.

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