lunes, 29 de noviembre de 2010

CLAVES PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE (y III)

Luego de haber abordado el tema de la eficiencia en gestión pública y los elementos éticos del servidor público, donde la corrupción es el eje central, queremos cerrar estas reflexiones con el tema de la impunidad. Hay muchos otros elementos que coadyuvan como garantías de una buena gestión. Sin embargo, consideramos que partiendo del supuesto que las instituciones modelan las conductas de los servidores públicos y ellos a su vez las configuran, hay muchos otros elementos del ámbito institucional e individual que no estamos incorporando al análisis. Pero si, quizás sean los más relevantes, y así lo creemos.

Una de las grandes deficiencias de nuestro Estado –concepto que trasciende el de gobierno-, ha sido el bajo interés y preocupación por el desarrollo institucional. Y en esa lid, el tema de las instituciones encargadas del seguimiento, control y promoción (recompensa) sanción (castigo) de la conducta del funcionario público en ejercicio, no escapa. No es un asunto estrictamente de las instituciones privadas el tema de la promoción y estímulo de sus trabajadores, y lo competitivo que deben ser para captar los mejores talentos.

Nuestra administración pública en una suerte inversa, no posee los estímulos e incentivos suficientes para captar los mejores profesionales. Los sueldos y salarios son los más bajos de mercado laboral, por esa suerte de constituirse el Estado como gran empleador. Si revisamos el sistema de seguimiento y control, nos encontramos que nuestro aparato administrativo tiene profundas fallas y deficiencias en esa materia. De ser contrario lo que afirmo, lo que sucedió con Pdval, la situación del Metro de Caracas, el caos en la ciudad de Caracas, el puente que se desplomó en el Estado Bolívar, las ocupaciones ilegales en los bordes de la carretera Panamericana, entre otros, no hubiesen sucedido.

Y esto sucede por la combinación perversa de ineficiencia con corrupción, sumando la otra arista de la Impunidad. Si tengo la certeza de que puedo burlar el sistema judicial, o que si me atrapa puedo fugarme de los centros de reclusión, sería un riesgo calculado el acometer fechorías afectando los recursos públicos.

La ausencia de un sistema judicial sano es garantía de la corrupción, y ambos son causas indirectas de la ineficiencia en el ejercicio de la función pública. ¿Cómo es posible que nuestras contralorías no investiguen la procedencia de los capitales de funcionarios públicos de alto nivel? Las propiedades adquiridas luego o en la ocupación de cargos ya ni siquiera se cuidan en su estética. Se exhibe sin mayor menoscabo, pues hay ausencia de sanción. Y quizás sean los más notorios, pero si bajamos la mirada hacia funcionarios de menor rango, el asunto es similar.

Conozco de un caso, grosero por demás, de un funcionario del gobierno de Carrizal que se enriqueció con recursos públicos, y que es reconocido como tal de forma abierta por su entorno. Su fortuna la obtuvo de los guisos permanentes, producto de los proyectos del FIDES y la LAEE, los cuales al no existir mayores controles, pues simplemente los administró a sus anchas, haciendo un verdadero desfalco en esa materia. Amasa una fortuna que se traduce en un nivel de vida no propio de alguien que proviene de una vida muy austera. ¿Cómo es posible que no se hayan tomado medidas para averiguar la procedencia de esos bienes que adquirió y adquiere de forma abierta? ¿Qué pasa con su entorno, acaso nos acostumbramos a ver con naturalidad y a tolerar actos de corrupción, pues consideramos que robar es sinónimo de viveza?

Se impone la impunidad a tal punto que ya el Estado, no controla el uso legítimo de la violencia, pues en una suerte de deformación de la seguridad ciudadana, hoy día algunas policías nacionales, estadales y municipales, acogen como algo “normal” el hecho que se esté usando recursos del Estado para proteger de forma privada a comercios y a personas.

Un simple paseo por los Altos Mirandinos, haciendo una parada en San Antonio, puede servir para constatar esta realidad. Ya es normal que a la hora del cierre algunos negocios gocen del privilegio de tener una patrulla policial afuera para proteger de forma privada –pues priva a los demás del disfrute de un servicio público- a dueños y establecimiento que “colaboran” con funcionarios por su “eficiente labor”.

No es nuevo que en nuestro sistema judicial campee la impunidad, pues si nos remontamos a los tiempos de la 4ta, Carlos Andrés Pérez hubiese sido apresado por el caso de la Fragata en 1979, Lusinchi por el caso de la compra fraudulenta de los jeeps en 1987, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni por asesinos y ser responsables de crímenes de lesa humanidad al eliminar y desaparecer físicamente a un sinnúmero de líderes de la izquierda venezolana, por nombrar a presidentes de nuestro país.

¿Quién sanciona? ¿Ya lo asumimos como algo normal? ¿Ya no es un escándalo? ¿O es que acaso la sanción responde a intereses meramente políticos, o sea que los órganos contralores y sancionadores en general son más un instrumento del gobierno que del Estado?

Mi llamado es a no seguir tomando como algo normal tales hechos que son irregulares, los cuales deterioran nuestras instituciones, no las de ahora sino que determinan el cómo serán en un mañana. Algunos tentados por los cantos de sirena –así es correctamente el dicho popular-, podrían afirmar que la solución es reducir el tamaño del Estado o incluso asumir de forma irreflexiva los modelos de gestión del sector privado. Ello, con la determinación de que el Estado “atienda lo que le es natural” y deje en manos de privados el resto de áreas que “no le son de su competencia”.

Pero la realidad evidencia que eso no es totalmente cierto. Primero, es falso que existan competencias exclusivas y no del Estado. Segundo, es falso que el único depositario de esas “otras” competencias deban ser administradas por manos privadas. Finlandia, España, Francia y Argentina, son tres ejemplos que pudiésemos considerar para evidenciar que el Estado puede administrar eficientemente sectores de política pública. Tercero, el que particulares administren servicios públicos esenciales para los ciudadanos, no son garantía del goce inclusivo de los mismos. En el caso de los ejemplos citados, el primero de ellos estuvo considerado como el país con el mayor nivel de calidad de vida en el mundo por muchos años, y en el caso de Francia y España, sus sistemas de salud pública son realmente envidiables. Argentina, es un ejemplo en nuestro continente de un modelo de educación superior pública eficiente.

Creo que el problema, insisto, está en la cultura política del ciudadano venezolano, el cual asume como normal que se lapiden los recursos que provienen fundamentalmente de eso que Juan Pablo Pérez Alfonso Pablo llamó el excremento del diablo: nuestro petróleo. Un cambio cultural no es sencillo ni se da de la noche a la mañana. Pero es posible, si se asume que el compromiso es social, y no sólo institucional.

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