domingo, 16 de enero de 2011

¿Y LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA?

Ya de vuelta por estos predios del papel, aprovecho la oportunidad de desearles a todos los amables lectores de esta columna un venturoso nuevo año, colmado de mucha salud y prosperidad. En esta columna de hoy quiero sintetizar un tema que he tratado extensamente en mi programa de radio “Por la Calle del Medio” transmitido de lunes a viernes de 8:00am a 9:00am por la Cima 96.7 FM, referido al tema de la Ley Habilitante, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición. Luego que algunos representantes de la oposición emprendieron infructuosamente una estrategia política para suspender y expulsar a Venezuela de la OEA, a través de la activación de lo previsto en la Carta Democrática, por considerar que la Ley Habilitante viola la separación de poderes y es inconstitucional, ha sido necesario retomar nuevamente el tema de la Habilitante en Venezuela.

Desglosemos el análisis sobre la separación de poderes y la inconstitucionalidad, para luego ir a unas reflexiones sobre este nuevo episodio de la temporada 2011 de nuestra oposición. Primero precisemos qué es la carta democrática interamericana (CDI) y para qué sirve en el concierto de naciones americanas. La CDI es un instrumento que se inscriben en las modalidades de cláusulas democráticas que en diversos instrumentos de integración se han venido aplicando para aislar en la comunidad internacional a países con regímenes no democráticos e imponer la democracia como el sistema de gobierno más apropiado en el mundo. Ya en diversos esquemas de integración, ya sean bilaterales o multilaterales, el uso de las cláusulas democráticas se ha ido aplicado cada vez con más frecuencia.

En el caso de la OEA su adopción data paradójicamente del 11 de septiembre de 2001, fecha en que las torres gemelas eran protagonistas ante los medios de comunicación en el mundo. Desde ese momento sus miembros se comprometen a mantener regímenes democráticos en sus países para seguir dentro de la organización. En su artículo tercero, establece que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.” Estos aspectos esgrimidos en este artículo vendrían a constituir los elementos esenciales de lo que se entiende por democracia.

Por otra parte en su artículo cuarto establece que “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de  todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.” Por su parte, aquí queda establecido lo que se entiende como elementos fundamentales de la democracia.

Los argumentos esgrimidos por la oposición para solicitar –por demás de forma improcedente, pues en el artículo diecisiete establece que “cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional…” no cuando grupos de oposición o movimientos de presión- que sea abierto un proceso de averiguación sobre una presunta violación a la democracia, lo hacen fundándose en que la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional viola el principio de separación de poderes públicos, en donde se habilita al poder ejecutivo para anular el poder legislativo y es inconstitucional.

En primer lugar, es insólito plantear que una competencia de la Asamblea Nacional de aprobar la Ley Habilitante (Art. 203 de la CRBV) al Presidente de la República, el cual está facultado para solicitarla (Art. 236 de la CRBV Nº 8), es una acción que viola la separación de poderes públicos y es inconstitucional, pues como lo he planteado en otras oportunidades, obedece a una concurrencia de competencias entre el Legislativo y el Ejecutivo y no a una transferencia exclusiva de las mismas, pues con esta ley se habilita al Presidente a legislar, lo que no implica que se inhabilite al Legislativo en sus funciones.

En segundo lugar, es más insólito pretender argumentar que una Ley Habilitante que ha sido parte de la tradición constitucional venezolana, y de gran parte de países de América Latina y el mundo, va en contra de la democracia. Al menos en Venezuela, se ha aplicado en los gobiernos de Betancourt, Caldera, Lusinchi, CAP y Chávez, o sea que de seis presidentes que hemos tenido en nuestra historia democrática, cuatro han solicitado y legislado por medio de una Ley Habilitante.

Afortunadamente, el Secretario de la OEA en un viraje de sus opiniones, desestimó que se esté vulnerando la democracia en Venezuela, y por su puesto los representantes de la oposición no lograron su cometido, a pesar de haber contado con el apoyo de los Estados Unidos, donde su Secretario para los asuntos con América Latina, Arturo Valenzuela había secundado argumentativamente que se violaba la democracia en Venezuela con la aplicación de la Ley Habilitante. Además, la habilitante tiene un conjunto de áreas en las que el Presidente legislará (9 áreas), y lo hará por un tiempo determinado (18 meses, o sea 1 año y medio), siendo solicitado en el marco de una emergencia nacional producto de las lluvias, aspecto que no se consideró al momento de formular sus argumentos.

Finalmente, considero que la oposición desde aquel discurso desabrido, mal estructurado, titubeante y cargado de nervios inocultables pronunciado por Marquina el 5 de enero, no ha hecho más que acumular errores. Pareciese que aún sus asesores están de vacaciones y no han dirigido correctamente a sus clientes. Frente a ello, no hemos sabido nada de cuáles son sus propuestas legislativas a impulsar desde la Asamblea Nacional, pareciese que aguardan cualquier acción del gobierno nacional o de la bancada del PSUV-PCV para accionar en contra, en una suerte de agenda reactiva. Cuánto daño les causó estos 5 años de autoexclusión del mundo político formal e institucional. Esperemos que esta temporada 2011 accionen en el marco de lo legal, y que abandonen las pretensiones de buscar aliados internacionales para intervenir en los asuntos domésticos de nuestro país, en un reconocimiento franco de la imposibilidad de jugar dentro de los márgenes de la democracia. 

¿QUIÉN HABILITÓ AL PRESIDENTE?

Ya van dos semanas donde la discusión sobre la Ley Habilitante, solicitada por el Ejecutivo Nacional, ocupa gran centimetraje en los medios impresos, así como muchas horas en los medios radiales y televisivos. Usando las palabras de algunos de los más connotados opinadores de oposición, los argumentos en contra de la solicitud de una Ley Habilitante, tiene dos dimensiones, una legal y otra política. En cuanto a lo legal, han planteado argumentos que apuntan hacia la legalidad de otorgar un Habilitante y que la misma tenga vigencia luego de asumir posesión en sus cargos los nuevos diputados. Con respecto a lo político, aducen que es inmoral (remitiendo al plano ético-político) e ilegítimo, y por otra parte que eso va en detrimento a las potestades de los nuevos diputados. Vayamos por parte.

Para referirnos a lo legal, hay que citar obligatoriamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde deja claro el Constituyente en el artículo 203 la posibilidad que tiene la Asamblea Nacional de habilitar al presidente para legislar, donde establece que “son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.

En su artículo 236, numeral 8vo. establece que dentro de las atribuciones del Presidente, no Chávez, sino de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra el dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. Queda claro, que el argumento usado por la oposición que incluso va hasta el punto de solicitar ante la OEA la aplicación de la Carta Democrática, está viciado de falsedades y ausencia intencional de lectura de  nuestra Constitución. Sobre la dimensión legal, no creo que sea necesario utilizar mayores argumentos, pues sería absurdo seguir llamando la medida como ilegal. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de no aplicarse luego del 05 de enero del 2011, es un argumento carente de asidero legal, pues como lo vimos en el artículo 203 ya citado donde se establece el tiempo de su duración es en la solicitud, además las instituciones trascienden a las personas, y aún cuando la Asamblea será conformada por nuevos diputados, no deja de ser la institucion legisltativa. E incluso, de querer que eso fuese así, o sea que al llegar los nuevos diputados a la Asamblea Nacional derogasen la Habilitante, necesitarían las 2/3 partes de los 167 diputados, y como usted bien lo sabe ninguna fuerza política agrupa tal cantidad de apoyos (110).

En cuanto a la dimensión política, vamos a detenernos un poco más, pues al respecto, creo que se ha desconocido intencionalmente la razón por la cual el PSUV logró ganar los dos tercios de la Asamblea Nacional, con la que una Ley Habilitante es aprobada sin mayores resistencias, actuando apegado a la Constitución, tal como lo referiamos anteriormente, citando el artículo 203.

Cuando la oposición califica de inmoral la solicitud de la Ley Habilitante, ¿Acaso no recuerda cómo fue posible que la relación de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional le favoreciera absolutamente al presidente de la República y al partido de gobierno de gobernar sin mayores contratiempos ni obstáculos? Pues les recuerdo a los tantos opinadores, que fue gracias a la actitud inmoral de los partidos de oposición que tomó la decisión de retirarse de las elecciones parlamentarias de 2005, con lo que creo que de no haber tomado tal determinación, hubiese sido poco probable aprobado no sólo la Ley Habilitante, sino un conjunto de Leyes que han permitido reajustar el sistema político, económico y social de nuestro país.

Recordemos que la mayor motivación fue deslegitimar un proceso electoral que incluso se rigió con el marco normativo que tanto ha sido elogiado, comparándolo con la nueva Ley de Procesos Electorales, y la configuración de las circunscripciones que según sus especialistas, pudiese haber favorecido sustancialmente a los partidos de oposición. Sin embargo, decidieron no participar en el proceso electoral, en una suerte de deseo de atentar en contra de la democracia, en un intento más por asumir posturas contrarias a los intereses del país, y tanto así que hoy muchos ven con impotencia y nostalgia, como dentro de la Asamblea se toman decisiones sin que sus intereses adversos al socialismo bolivariano puedan ser representados, solo con una oposición que nació de la actitud inmoral de quienes llegaron con los votos de Chávez, y luego se declararon opositores a el.

Si una actitud moral y ética debe asumir la oposición, es la de aceptar públicamente la responsabilidad de sus acciones, dejándole en claro a los que representan que gracias a su torpeza y malos cálculos, el PSUV no ha tenido mayor contrapeso. Es fácil luego de cometer un error renegar y desconocer sus consecuencias, pero es difícil y muy propio de una actitud antiética presentarse incólume frente a sus electores, como si no tuviesen ninguna responsabilidad frente a los hechos. En cambio, el PSUV ha actuado cónsono con las expectativas de una importante mayoría de la población que representan, los que obviamente desean que se siga avanzando en la construcción de una nueva institucionalidad, que permita profundizar el socialismo bolivariano, y que encontró en la habilitación legislativa al Presidente, una opción legal que lo libra del franco obstáculo que va a caracterizar a la nueva Asamblea donde ya no poseerá con facilidad la mayoría calificada par aprobar leyes orgánicas.