domingo, 16 de enero de 2011

¿QUIÉN HABILITÓ AL PRESIDENTE?

Ya van dos semanas donde la discusión sobre la Ley Habilitante, solicitada por el Ejecutivo Nacional, ocupa gran centimetraje en los medios impresos, así como muchas horas en los medios radiales y televisivos. Usando las palabras de algunos de los más connotados opinadores de oposición, los argumentos en contra de la solicitud de una Ley Habilitante, tiene dos dimensiones, una legal y otra política. En cuanto a lo legal, han planteado argumentos que apuntan hacia la legalidad de otorgar un Habilitante y que la misma tenga vigencia luego de asumir posesión en sus cargos los nuevos diputados. Con respecto a lo político, aducen que es inmoral (remitiendo al plano ético-político) e ilegítimo, y por otra parte que eso va en detrimento a las potestades de los nuevos diputados. Vayamos por parte.

Para referirnos a lo legal, hay que citar obligatoriamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde deja claro el Constituyente en el artículo 203 la posibilidad que tiene la Asamblea Nacional de habilitar al presidente para legislar, donde establece que “son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.

En su artículo 236, numeral 8vo. establece que dentro de las atribuciones del Presidente, no Chávez, sino de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra el dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. Queda claro, que el argumento usado por la oposición que incluso va hasta el punto de solicitar ante la OEA la aplicación de la Carta Democrática, está viciado de falsedades y ausencia intencional de lectura de  nuestra Constitución. Sobre la dimensión legal, no creo que sea necesario utilizar mayores argumentos, pues sería absurdo seguir llamando la medida como ilegal. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de no aplicarse luego del 05 de enero del 2011, es un argumento carente de asidero legal, pues como lo vimos en el artículo 203 ya citado donde se establece el tiempo de su duración es en la solicitud, además las instituciones trascienden a las personas, y aún cuando la Asamblea será conformada por nuevos diputados, no deja de ser la institucion legisltativa. E incluso, de querer que eso fuese así, o sea que al llegar los nuevos diputados a la Asamblea Nacional derogasen la Habilitante, necesitarían las 2/3 partes de los 167 diputados, y como usted bien lo sabe ninguna fuerza política agrupa tal cantidad de apoyos (110).

En cuanto a la dimensión política, vamos a detenernos un poco más, pues al respecto, creo que se ha desconocido intencionalmente la razón por la cual el PSUV logró ganar los dos tercios de la Asamblea Nacional, con la que una Ley Habilitante es aprobada sin mayores resistencias, actuando apegado a la Constitución, tal como lo referiamos anteriormente, citando el artículo 203.

Cuando la oposición califica de inmoral la solicitud de la Ley Habilitante, ¿Acaso no recuerda cómo fue posible que la relación de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional le favoreciera absolutamente al presidente de la República y al partido de gobierno de gobernar sin mayores contratiempos ni obstáculos? Pues les recuerdo a los tantos opinadores, que fue gracias a la actitud inmoral de los partidos de oposición que tomó la decisión de retirarse de las elecciones parlamentarias de 2005, con lo que creo que de no haber tomado tal determinación, hubiese sido poco probable aprobado no sólo la Ley Habilitante, sino un conjunto de Leyes que han permitido reajustar el sistema político, económico y social de nuestro país.

Recordemos que la mayor motivación fue deslegitimar un proceso electoral que incluso se rigió con el marco normativo que tanto ha sido elogiado, comparándolo con la nueva Ley de Procesos Electorales, y la configuración de las circunscripciones que según sus especialistas, pudiese haber favorecido sustancialmente a los partidos de oposición. Sin embargo, decidieron no participar en el proceso electoral, en una suerte de deseo de atentar en contra de la democracia, en un intento más por asumir posturas contrarias a los intereses del país, y tanto así que hoy muchos ven con impotencia y nostalgia, como dentro de la Asamblea se toman decisiones sin que sus intereses adversos al socialismo bolivariano puedan ser representados, solo con una oposición que nació de la actitud inmoral de quienes llegaron con los votos de Chávez, y luego se declararon opositores a el.

Si una actitud moral y ética debe asumir la oposición, es la de aceptar públicamente la responsabilidad de sus acciones, dejándole en claro a los que representan que gracias a su torpeza y malos cálculos, el PSUV no ha tenido mayor contrapeso. Es fácil luego de cometer un error renegar y desconocer sus consecuencias, pero es difícil y muy propio de una actitud antiética presentarse incólume frente a sus electores, como si no tuviesen ninguna responsabilidad frente a los hechos. En cambio, el PSUV ha actuado cónsono con las expectativas de una importante mayoría de la población que representan, los que obviamente desean que se siga avanzando en la construcción de una nueva institucionalidad, que permita profundizar el socialismo bolivariano, y que encontró en la habilitación legislativa al Presidente, una opción legal que lo libra del franco obstáculo que va a caracterizar a la nueva Asamblea donde ya no poseerá con facilidad la mayoría calificada par aprobar leyes orgánicas.

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