miércoles, 25 de mayo de 2011

LOS CHACUMBELAZOS DE LA OPOSICIÓN Y LAS SANCIONES A PDVSA

Luego de analizar algunas opiniones que los voceros de la oposición, ya sean militantes de partido o simpatizantes, han realizado sobre el proceso de automatización que adelanta el Consejo Nacional Electoral, quisiera compartir mis opiniones al respecto.

En torno al Sistema de Autenticación Integral (SAI) que va a permitir digitalizar los cuadernos electorales, ha surgido una polémica por la presunta violación del secreto al voto. Me recuerda las críticas que ya hace más de 6 años se hicieran contra del uso de los capta huellas, y sobre todo los resultados obtenidos luego de su implementación. Vuelven entonces los viejos mitos de la correlación de la huella y el voto, los motivos ocultos de intimidar al votante, y todo ello con un solo afectado: el voto opositor. ¿Como que la oposición se quiere lanzar una de Chacumbele Teodoro?


El mito de la correlación

Uno de los primeros argumentos esgrimidos era el fabuloso procedimiento matemático de la capta huella y la máquina de votación. El cálculo era el siguiente: Si un dedo en el capta huella se colocaba a la 14:00:02 y un voto se emitía a las 14:01:03 entonces la huella correspondería al voto efectuado y con eso se conocía por quien votó el elector…

¿Conoce Usted algún funcionario público que haya sido votado porque votó en contra del partido que gobierna la institución donde trabaja, en franca violación del secreto del voto? Tal mito, desconoce por completo la forma como en la práctica se realiza el proceso electoral, donde es absolutamente inviable tal correlación.


El efecto “chupacabras”: la intimidación.

Vicente Díaz en una entrevista concedida en noviembre de 2006 a Raúl Semprun del semanario Versión Final de Maracaibo, afirmó que las capta huellas iban a desarrollar abstención, pues causaban desconfianza en el elector. Incluso, comentó que la sensación que generaban los capta huellas era similar a lo que sucedía con el mito del chupacabras “en el sentido de que no existe, pero asusta”. Sin embargo, considerando que en los procesos electorales para elegir al Presidente de la República durante los años 90, la abstención rondó el 40%, y en las elecciones para la reelección presidencial de 2006 fue de 25,3%, parece que el impacto fue absolutamente contrario.

Esta matriz de opinión que parte del principio Goebbelsiano de “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”: puede causar que se termine aceptando como cierto, que al poner el pulgar en el capta huellas, esa información revela la opción por la que votó. Pero, ¿Qué elector se cree esa trampa caza bobos? Justamente aquel que valida los argumentos opositores, o sea, mayoritariamente los mismos opositores.

Pareciera que nuevamente se repite de cara al 2012, la misma intención de generar desconfianza en el ente electoral, y por ende en la transparencia del proceso venidero. En este sentido, el votante al correr el riesgo de ser descubierto en su elección, puede optar por tres alternativas: 1. Abstenerse, 2. Votar a favor del candidato del partido que gobierna en su institución (mayoritariamente favorable al gobierno), 3. Asume el riesgo de perder su trabajo y ser sancionado en procura del respeto y la defensa de sus ideales políticos. Sin necesidad de hacer muchos estudios, creo que la menos probable es la última alternativa.

Hay que entender la trascendencia del 2012, pues van a confluir la renovación de los poderes ejecutivos en los tres niveles político-, así como los legislativos a niveles de las entidades federales y los municipios. Una postura muy poco sensata es generar desconfianza entre los electores, y menos, cuando no existen argumentos sólidos para generar tales matrices. Hay que recordar que en cualquier competencia, incluso la electoral, tienden a atacar al árbitro los que van perdiendo y tienen poca probabilidad de revertir el resultado.

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Las sanciones contra Venezuela

En el momento en que escribía esta columna, los medios de comunicación dieron a conocer que los Estados Unidos habían impuesto sanciones a siete empresas extranjeras, dentro de las que se encuentra PDVSA. Los principales titulares de la prensa internacional resaltan la aplicación de un conjunto de sanciones a Venezuela, tomando en cuenta que fue impuesta a más de 15 empresas.

Es evidente que esta reacción mediática responde a una matriz de opinión,sobre supuestos acuerdos entre Venezuela e Irán para desestabilizar la paz y seguridad de la región. Estas sanciones, se deciden unos días posteriores a las impuestas por La Unión Europea, a más de 100 empresas que comercializan con Irán, a la cual le congelará los activos.

Es importante resaltar que no es un hecho aislado. Recordemos que el diario alemán Die Welt y posteriormente el Nuevo Herald afirmó que Irán y Venezuela firmaron una alianza secreta para desarrollar una plataforma de misiles en Paraguaná, con la finalidad de alcanzar objetivos militares en los Estados Unidos. Como lo adelantó el Vicepresidente Elías Jaua, se estaban generando las condiciones mediáticas que legitimaran acciones posteriores.

Finalmente, el mismo Nuevo Herald publicaba el 20 de mayo que el gobierno de Obama no tenía evidencias para comprobar que tales acusaciones eran ciertas, desestimando las acusaciones hechas por el diario Die Welt (llama la atención que no se refiere el artículo a que el Nuevo Herald se hizo eco de tales acusaciones, sin tampoco tener pruebas, haciéndose irreflexiva e irresponsablemente eco de una mentira).

Situación similar se suscitó cuando a finales de 2008, se lanzó una matriz de opinión donde supuestamente Rusia estaría construyendo dos bases militares en Venezuela, situación que se negó por ambos gobierno. El interés es claro: justificar acciones posteriores, como estas infelices sanciones de carácter comercial y tecnológico.

Nuevamente EE.UU viola las disposiciones de la ONU, sancionando de forma unilateral a un conjunto de empresas exportadoras de petróleo, por considerar que contribuyen con el desarrollo de la industria nuclear en Irán. Sin embargo, la agresión que ha sido conjunta debe generar una respuesta conjunta. Y no hay mejor foro que agrupe los intereses de los exportadores de petróleos que la OPEP. Creo que en lo sucesivo, el esquema de negociación de este conflicto debe hacerse desde la OPEP hacia otros foros mediadores de conflictos, como debería ser las Naciones Unidas.

Por otra parte, es fundamental conocer las reacciones de los demás gobierno afectados, principalmente de China. En Irán están instaladas más de 100 empresas chinas, con un dinámico comercio bilateral, que han reportado más de 20.000 millones de dólares.

Pero muy a pesar de los intereses que tienen China en Irán, las últimas decisiones que ha tomado, al menos en el ámbito del Consejo de Seguridad de la ONU, han evidenciado su interés estratégico de mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. Incluso, votando a favor de intensificar las sanciones contra Irán a mediados del año pasado, y salvando el voto cuando se decidió respaldar la intervención en Libia.

Es importante estar atentos a lo que acontecerá en lo sucesivo, pues si bien las sanciones no afectan las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia EE.UU, este tipo de medidas constituyen una agresión a la soberanía nacional, y una clara injerencia en los asuntos comerciales del país.


martes, 17 de mayo de 2011

LOS SALTINBANQUIS DE LA POLÍTICA

Recientemente, los rotativos El Nacional y Tal Cual, publicaron dos trabajos firmados por Hernán Lugo-Galicia y David Ludovic respectivamente, donde analizan la intención de los actuales diputados opositor

es en la Asamblea Nacional a postularse como candidatos en las próximas elecciones nacionales, regionales y locales del 2012. Lugo-Galicia presentó los resultados de una encuesta que aplicó a los diputados de oposición, dando a conocer que un 46,1% tiene la intención de participar en las elecciones primarias del venidero 12 de febrero de 2012. Eso significa que 30 de los diputados electos el 26 de septiembre de 2010, de resultar favorecidos con el voto opositor, serán candidatos a algunas de los 335 cargos de alcaldes y 23 a gobernador, perdiendo su investidura de diputados, tal como se establece en el artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ludovic por su parte, analiza desde diversas perspectivas la situación, haciendo algunas observaciones del carácter pragmático, legal y ético. En este artículo, quisiera compartir mis opiniones al respecto, pues más allá de lo expresado en los trabajos citados, hay algunas lecturas de la situación que pudiesen complementar el análisis.

Los viejos están mandando.

Una de las primeras lecturas que podemos hacer, es que dentro de la oposición hay un permanente reacomodo que siempre beneficia a los mismos sujetos, y el ingreso efectivo de nuevas figuras es muy limitado. Las mismas viejas figuras de la política venezolana siguen mandando dentro de la oposición. Y es que no solamente definen fechas claves de la dinámica opositora, como es el caso del boque socialdemócrata y su máximo representante Ramos Allup, viejo actor de la política venezolana, sino que también se repartirán los cargos a elegir en las próximas primarias opositoras. Los líderes opositores, son dirigentes de la MUD, parlamentarios, y ahora también candidatos a gobernadores y alcaldes.


Las mismas caras con diferentes posturas

Al mismo estilo de Lon Chaney, actor del cine mudo conocido como el hombre de las mil caras, los mismos que hace unos meses posaron para fotografiarse como candidatos a diputados, cambiarán el cargo al cual se postulan y se presentarán como candidatos a alcaldes y gobernadores.

En una suerte de saltimbanquis de la política, vemos los mismos personajes una y otras vez rotándose en los cargos públicos, sin una mayor especialización de sus funciones políticas. El caso más particular fue el de Manuel Rosales, quien luego de ser gobernador y candidato presidencial, optó por postularse como alcalde, un fenómeno inédito en nuestro país.


Nuevas elecciones, nuevas posibilidades.

Hay la posibilidad de que se genere una situación especial, y es la que tanto el diputado principal como el suplente sean electo como candidatos locales (o regionales) en las primarias opositoras. Como bien sabemos, en el caso de que un diputado principal no continúe en sus funciones, ocupará su lugar el diputado suplente, y en el caso de ser ambos los que renuncian a su investidura, se tendrán que realizar nuevas elecciones para escoger al diputado principal y el suplente. Es lo que pudiese suceder con los diputados nominales electos en las circunscripciones 1 y 11 del estado Zulia, Juan Romero y Melvin Méndez respectivamente, que tantos ellos como sus suplentes han manifestado, según Lugo-Galicia su intención de ser candidatos a alcaldes. Eso significa, que el CNE deberá realizar elecciones para los diputados en esas circunscripciones, por lo que ambos curules, en un proceso electoral, pudiesen ser ganado por el PSUV, incrementando su presencia en la Asamblea Nacional.

Ahora bien, si estos diputados a sabiendas que dos años después se realizarían elecciones locales y regionales, en las cuales tenían aspiración a participar ¿Para qué se presentaron como candidatos a Diputados Nacionales? Es más que clara la respuesta a la pregunta: por simple proyección electoral, en un claro menosprecio por la actividad legislativa. ¿Dónde quedó el discurso de representar los intereses de las colectividades por la cual se estaba postulando? ¿Dónde quedaron las propuestas a desarrollar desde la Asamblea Nacional? ¿No existen otros candidatiables en la oposición, o los que existen son los únicos con la capacidad de ocupar cargos públicos de elección popular? ¿Entienden la política desde la oposición como una especie de juego de cuadros cerrados que opera desde una lógica de autorreferenciación?

Hay diversas formas de ejercer el autoritarismo y la hegemonía del poder. Bien pudiera traducirse este tipo de fenómenos en nuevas formas de operar el caudillismo partidista, en el cual sólo quienes son considerado como tales son los capaces de obtener el preciado voto popular. Agradezco sus gentiles comentarios, y quedo como siempre a su disposición para continuar el debate sobre este tema y otros del acontecer político internacional, nacional y local de los altos mirandinos, a través de mi blog www.farithfraija.blogspot.com y en twitter @farith15.

miércoles, 11 de mayo de 2011

LA SEPARACIÓN DE PODERES Y EL CASO MAKLED: LAS IRONÍAS OPOSITORAS

Las democracias liberales modernas heredaron de la ilustración el concepto de separación de poderes, concebido por el Baron de Montesquieu, Charles Louis de Seco

ndat, en su obra “El espíritu de las Leyes” (1748). Con ello, se generaba un contrapeso entre los poderes clásicos ejecutivo, legislativo y judicial, con el objeto de evitar la concentración de poderes en un solo individuo, en aque

l momento expresado en la figura del monarca. Paradójicamente, ello ha traído en tiempos modernos, múltiples diseños de sistemas de gobiernos que han dado cuenta de realidades diversas y muy complejas.

Esta separación de poderes ha permitido un control a veces excesivo y negativo del poder legislativo sobre el ejecutivo, que ha causado niveles importantes de ingobernabilidad en países como Ecuador. En el período comprendido entre 1996 y 2006, los

tres presidentes electos popularmente fueron destituidos por el Congreso ecuatoriano, lo cual no permitió la culminación del mandato constitucional. En el caso venezolano el uso de los controles del legislativo sobre el ejecutivo se puso en práctica en 1993, cuando se efectuó un juicio político al presidente Carlos A. Pérez.

Por ello, cuando hablamos de separación de poderes, no sólo debemos referirnos a la necesaria diferenciación de competencias del poder ejecutivo frente a los demás poderes, sino el balance que entre ellos debe existir. En Venezuela, una de las banderas políticas de la oposición para criticar al gobierno de Chávez, ha sido justamente el reclamo por una separación de poderes públicos, y la disminución de la injerencia del poder ejecutivo sobre el resto. Sin embargo, vamos a analizar que tales críticas a veces se convierten en un boomerang que termina convirtiendo el acusador en acusado.

Actualmente, un caso muy particular está sucediendo en la Asamblea Nacional, desde donde se ha intentado por diversos medios asaltar las competencias del poder jud

icial, en una suerte de convertir un juicio penal en un

juicio político. En otros términos, se ha insistido en el deseo de politizar una situación que le compete al Poder Judicial y al Moral. Exclusivamente.

Desde el momento en que los diputados Julio Montoya y Miguel A. Rodríguez solicitaron a la Fiscalía colombiana entrevistarse con Walid Makled, quien es acusado de homicidio, legitimación ilícita de capitales, asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes, se evidenció el deseo de politizar una situación que debe corresponder a las autoridades judiciales, y no a las políticas. Se entiende que el interés es dimensionar las acusaciones –aún sin pruebas conocidas públicamente- relacionadas con corrupción en el sector público, con el fin de utilizarlo como una herramienta en contra del gobierno de Chávez. Pero más allá de los deseos de aclarar las acusaciones contra funcionarios de gobierno, ¿Qué pretende la oposición haciendo del caso Makled un escándalo político? Es obvia la respuesta en un año preelectoral.

Por otra parte, ya se han manifestado posturas dentro de la oposición que confunden y evidencian que no hay una sola opinión o postura en torno al suceso. Hay un sector que ha mantenido la determinación de politizar el caso Makled, a partir de la generación de múltiples estrategias que van, como lo mencionábamos antes, desde la posibilidad de una entrevista privada hasta la creación de una comisión de veedores. Por otra parte, hay otros que sin conocer las acusaciones y enterarse de las supuestas evidencias, han determinado que no tiene credibilidad lo que plantee Makled. Hay también quienes ya sentenciaron a Makled y absolvieron a los involucrados. Incluso, hay otros que han planteado que las acusaciones van a dirigirse a dirigentes opositores en vez de ser implicado los funcionarios del gobierno de Chávez. ¡Mayor saco de gatos diputado J.J. Molina!

Lo interesante es lo irónico de la defensa de la separación de poderes, en donde pareciera que el deseo por politizar el caso, transciende del concepto mismo del balance y contrapesos, en una suerte de marco normativo prêt-à-porter que se ajusta a las situaciones en las cuales se aplica. Esto pudiese llegar al punto de considerar a Walid Makled como un preso político, en la medida en que se politiza su juicio por las causas señaladas, con el fin de afectar al gobierno de Chávez. En cambio, al menos han sido la postura oficial de los voceros del gobierno nacional, se garantiza el debido proceso y la sanción correspondiente a todas las personas que estén involucradas en hechos irregulares.

Una postura institucional que debiese asumir la Asamblea Nacional, es en primer lugar reconocer el exitoso proceso de negociación entre Venezuela y Colombia lo cual permitió culminar el proceso de extradición, así como ratificar la confianza en las instituciones democráticas y su interés de seguir de cerca el proceso judicial que se desarrolla desde el momento en que Makled ingresó al país. Esta última función, en el ejercicio de su función fiscalizadora y contralora del desempeño institucional del resto de los poderes públicos consagrados en nuestra Constitución.

Esperemos no presenciar en las afueras de embajada de Colombia a un grupo de manifestantes exigiendo la libertad de Makled convertido en preso político, y por el contrario se someta a un juicio transparente, y de existir conexiones que comprometan a terceros, éstos sean sancionados tal como lo estipula el marco normativo venezolano.

Finalmente, agradezco sus comentarios que semana a semana han realizado por las diversas vías electrónicas, y quedo a su disposición para seguir con el intercambio de opiniones a través de la cuenta twitter @farith15 y el blog www.farithfraiija.blogspot.com.

martes, 3 de mayo de 2011

PLANIFICACION Y EFICIENCA: DOS CLAVES EN CUBA

Estuve revisando el Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), ofrecido por Raúl Castro, el cual ofrece una visión autocrítica muy interesante del proceso político que se vive en Cuba. Aparte de las lecturas y reflexiones ofrecidas por algunos analistas y políticos latinoamericanos sobre el informe del congreso del PCC, me generó mucho interés dos variables presente en casi todo el documento revisado: la eficiencia y la planificación efectiva. Creo que son los dos grandes temas que deben ser objeto de estudio en nuestro país.

El tema de la eficiencia es una variable cuya preocupación e interés es heredado de la transferencia de conceptos y procesos de la gerencia privada a la gestión de lo público, y su consolidación en lo que conocemos como gerencia pública (public management). Singularmente, ha formado parte de las preocupaciones que el gobierno de Cuba ha tenido en la gestión de los asuntos públicos, los cuales han sido obligados a ser eficientes en el manejo de los recursos públicos, por ende el desempeño de las instituciones públicas, sobre todo por el criminal bloqueo económico al cual han sido sometido desde hace más de 50 años.

Por otra parte, está la lucha contra la improvisación a través del uso efectivo de la planificación. Si algo se comprendió en Cuba, es que si el Estado debía ser el centro del modelo de desarrollo, no se podía olvidar la variable institucional. Era la prioridad el diseño de instituciones eficientes y la capacitación de funcionarios que estuvieran al frente. De mi corta experiencia y modesto conocimiento sobre la Administración Pública de Cuba, su preocupación por fortalecer el aparato administrativo es envidiable por muchos países latinoamericanos, estando a la altura de administraciones públicas europeas, con larga tradición en la materia. Las claves han sido la solidez ideológica lo que permite una visión estratégica del proyecto de país (o en términos de Varsavsky el proyecto nacional) y la preparación permanente del funcionariado público para la consolidación de los objetivos estratégicos.

A diferencia, Venezuela es de los muy pocos países del continente que no tienen una institución que se encargue del adiestramiento y formación de funcionarios de gobierno o un plan de capacitación mínima y común para todos las instituciones públicas. Se sabe de la existencia de algunas instituciones que se dedican a la formación de funcionarios públicos, y de la eliminación de otras, me refiero a la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, la Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS), y la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP-IUT) principalmente, así como la eliminación del Sistema Nacional de Adiestramiento. Sin embargo, la formación es segmentada en áreas muy específicas, propias de la naturaleza de cada una de las instituciones. En la FEGS se forman gerentes sociales, en la FEVP planificadores, en el COFAE a contralores y auditores, y en la ENAHP-IUT en las áreas de ciencias fiscales. En la ya inexistente SNA se formaban a funcionarios en áreas de mejoramiento profesional, y su eliminación no ha dado cabida a una nueva estrategia o institución que supla sus funciones.

Lo cierto es que no existe una Escuela de Gobierno, donde se adiestre y se forme a los servidores nuevos y ya existentes de la administración pública, bajo una visión distinta fundada en el marco jurídico vigente que orienta la acción pública, así como los planes de desarrollo económico y social del país. En su ausencia, se siguen contratando por parte de la Administración Pública nacional, regional, estadal y local a empresas privadas, que por su naturaleza se ciñen a aspectos de orden instrumental. Llama la atención, la cantidad de funcionarios públicos de alto nivel que siguen acudiendo a las aulas de IESA a formarse en programas como el PAG, cursos cortos e incluso hasta los postgrados, que están muy lejos de reproducir los valores que tanto se ha reafirmado en el nuevo modelo de gestión de lo público.

Tal como lo afirmara Oscar Varsavsky en junio de 1968 en un discurso dado en la Universidad Central de Venezuela: "(…) acaba de inaugurarse el Instituto de Enseñanza Superior de Administración IESA, fundado por empresas privadas –la Creole y otras- con el auxilio técnico de cinco universidades norteamericanas y apoyo financiero de la Ford, para impartir una enseñanza moderna y eficiente, con las últimas técnicas de management (…) Este instituto competirá ventajosamente con otro análogo que tiene el Gobierno, a pesar de que en el futuro, los cargos de responsabilidad en la administración pública y privada serán ocupados por graduados del IESA, muy eficientes, pero con una mentalidad formada según los valores y hábitos norteamericanos".

No tengo nada en contra del IESA y sus profesores, pues la formación que ofrecen es de alto nivel para quienes quieren hacer carrera en el sector privado. Pero no considero que sea el centro idóneo para que nuestros funcionarios asistan a formarse, pues su visión dista profundamente del servidor público que requiere el Estado Venezolano. Frente a ello, no existe una contra parte para quienes quieran formarse para desempeñarse en funciones de gobierno. Inclusive, ni siquiera hay directrices o esfuerzos importantes en ese sentido por parte del MPPPF desde hace algunos años, adeudando al Estado y al Gobierno el Plan Nacional de Desarrollo Institucional, un plan que es fundamental para la modernización de una Administración Pública que con salvadas experiencias debe ser reformada para hacerla más dinámica y funcional. Y ello tomando en consideración que según lo expresado por Elías Eljuri hay 2.2 millones de funcionarios públicos, o sea un millón más que hace 10 años, y que se entiende como consecuencia de la extraordinaria expansión del gobierno en sectores donde no participaba desde hacía el mismo período de tiempo.

A pesar de ser un tema fundamental para que exista una burocracia eficiente y dinámica que responda a las exigencias del desarrollo de una nueva Administración Pública, tal como se establece en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013, en lo que respecta a la directriz "Nueva Ética Socialista", y siendo competencia del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, como quedó establecido en los numerales 11, 12 y 13 del artículo 2 del decreto que lo crea por la fusión de los Ministerios del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo y el de Finanzas; el tema del fortalecimiento institucional ha sido postergado y relegado. ¿Cómo, si el Estado en el modelo venezolano cobra mayor presencia dentro del modelo de desarrollo, va a responder a las exigencias con una burocracia mal preparada e instituciones ineficientes? No se puede seguir postergando el interés y la importancia hacia la variable institucional, sobretodo los aspectos referidos a la formación del funcionario público. Hay que revisar los procesos que viven las administraciones públicas de países tan disímiles como Cuba, Colombia, República Dominicana, Argentina, y nos encontraremos con lugares comunes que siempre nos remitirán a la variable institucional. Sobre ello seguiré reflexionando y compartiendo con ustedes a través de mi cuenta twitter @farith15 y mi blog www.farithfraija.blogspot.com. Gracias por sus comentarios.