miércoles, 22 de junio de 2011

¿PORQUÉ POLITIZAR EL CASO DE LAS CLÍNICAS?

Recientemente, se generó un escándalo en torno a el incumplimiento del artículo 40 numeral 22º de la Ley de la Actividad Aseguradora del año 2010, donde se establece que: “Queda prohibido a las empresas de seguros y las de reaseguros lo siguiente: (…) Negarse a otorgar la cobertura inmediata en casos de emergencia prevista en el contrato de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, condicionada a la emisión de claves o autorizaciones de acceso.”

Esta una situación que ha afectado y afecta a muchos venezolanos, que deciden hacer uso de seguros privados de salud, para atender sus situaciones médicas. Lo lamentable es que nuevamente tuvo que morir un ser humano, en esta oportunidad en la Clínica Las Delicias ubicada en Maracay, estado Aragua, para que el asunto se hiciera visible. Eran 16 denuncias acumuladas sobre el mismo establecimiento de salud. Al respecto, han emergido un conjunto de actores que operan en un código distinto al de legalidad vs. ilegalidad que debe prevalecer en estos casos.

Uno de ellos, es obviamente el gremio médico que denuncia ser afectados por la “situación jurídica en la que se encuentran”. Incluso, han anunciado que llevarán el caso de las Delicias hasta los predios de la ONU o la OEA. Por otra parte, encontramos el caso curioso de la MUD, en este caso representado por el Diputado Tachirense Miguel Ángel Rodríguez, quienes defienden los intereses de las clínicas privadas, pues consideran que se está atropellando a este noble sector empresarial y profesional. Y están, obviamente las instituciones del Estado, que han reaccionado (a mi entender lo lamentable es que reacciona y no previene este tipo de situaciones), frente a lo sucedido.

Hay que dejar en claro, que la acción del Estado a través de Indepabis no es contra el gremio médico, es contra las clínicas privadas que en desconocimiento de lo establecido en el marco normativo que rige su funcionamiento, han provocado la muerte de personas y complicaciones médicas, en espera de la “clave de emergencia” de las aseguradoras. No es el primer y único caso. Y si hay responsables de los hechos deben ser sancionados, ajustados a lo previsto en el marco jurídico nacional.

Sólo unos días antes de lo ocurrido en Maracay, pero favorablemente no con las mismas consecuencias, Fabiola Ramírez C.I. 12.878.917 denunciaba el 08 de marzo de 2011 en el diario El Universal, una situación similar ocurrido en la Clínica Centro Médico Docente el Paso del municipio Guaicaipuro, del Estado Bolivariano de Miranda. Relató que su madre, docente del Ministerio de Educación se dirigió al centro de salud con un fuerte dolor de cabeza y no quisieron atenderle, pues su seguro “no estaba vigente” y le exigieron un depósito de Bs. 8.000,00. Y serán muchos los casos similares, pues incluso el que escribe, también ha sido víctima de este tipo de situaciones.

Sin embargo, se ha intentado politizar lo sucedido, para solapar la irregularidad e incumplimiento de las clínicas privadas, a favor de los intereses de sus dueños y accionistas, obstaculizando el desarrollo de una función propia del Estado que es controlar y garantizar que el servicio que se presta, este apegado a ley. Y es entonces cuando se explica el apoyo del Diputado Miguel Ángel Rodríguez, que mancomuna esfuerzos con el ex-candidato a Diputado Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, para acelerar una cruzada mediática en contra de los venezolanos afectados por la irresponsabilidad de los centros de salud privados del país.

¿Por qué el Diputado Rodríguez se alía con los intereses de los dueños de las clínicas y no con los afectados? ¿Acaso un Diputado electo por el voto popular no debería defender los intereses de las mayorías, y no los de empresarios que obran de forma irresponsable? ¿Cuál es el objetivo de politizar ésta situación?

Lamentablemente, este tipo de “líderes” que abundan en la oposición, tienen la clara intención de no ser defensores de los intereses de las mayorías, por el contrario, operan a favor de los intereses del capital, de los empresarios, en una clara definición de a qué sectores responde su accionar. Por otra parte, es clara la intención de politizar para desviar la atención de lo que sucede con las clínicas privadas, hacia matrices de opinión que sostengan que es en contra de los médicos que está actuando el Estado.

Finalmente, está la acción del Estado. Considero que nuevamente la muerte de seres humanos, es el activador para que se re-accione frente a sucesos irreversibles. Nuevamente es tardía la reacción del Estado, pues especialmente en el caso de las clínicas privadas, deben están bajo la supervisión constante de los organismos con competencia en la materia. Se ha reaccionado frente a situaciones escandalosas, no activando acciones preventivas que coadyuven en un permanente monitoreo y evaluación de los centros privados de salud. Esto se relaciona, obviamente con la eficiencia en el ejercicio de la función pública.

Pero a pesar de ello, no se puede obstaculizar la acción de fiscalización y regulación de los servicios que prestan las empresas privadas, y mucho más las dedicadas a la salud, cuando se actúa apegado a lo establecido por las leyes venezolanas. Y menos aún, por quien se dice representar los intereses de las mayorías.

Es una actitud irresponsable la del Diputado Miguel Ángel Rodríguez. Querer desviar la atención de lo que sucede en torno al caso de las clínicas privadas, defendiendo los intereses de dueños de clínicas que obran de forma irregular a expensas de desconocer los derechos de los y las venezolanas, y profundizar el ambiente de conflictividad social, que como se preveía ha caracterizado el año 2011, es censurable y reprochable. Parece recurrente en la oposición, que cuando se afectan sus intereses privados, actúan en desmedro del Estado de Derecho.

¿Qué diferencia tiene la actitud del Diputado Rodríguez con la asumida con Leopoldo López, que es sancionado por malversación, y reacciona autodenominándose “inhabilitado político” para desconocer el Estado de Derecho? ¿O acaso es diferente a la asumida por los medios de comunicación cuando abusan con actitud libertina de la libertad de expresión, pero acusan al gobierno de censurarles? ¿En qué se distingue del desconocimiento de las causas que se les imputa a quienes se autodefinen como exiliados políticos, sin que nadie los hubiese expulsado del país, y realmente son prófugos de la justicia venezolana? Sólo reconocen a las instituciones y al marco legal, cuando se encuadra en sus apetencias. Al parecer nada o poco a cambiando desde aquel 11 de abril.

1 comentario:

Acinorev Narud dijo...

Interesante el punto que tocas hoy en tu columna, ciertamente hay que fiscalizar a las clinicas privadas porque a veces resultan exagerados sus cobros y sobre todo cuando tienes un seguro, ahora bien si no lo tienes olvidate de verte en clinicas privadas, considero que hay que cobrar los servicios para que puedan ser prestados con calidad pero sin excesos, lo unico que recomiendo es que hay que ser cuidadosos a la hora de las regulaciones pues los seguros al modificarse sus politicas atentaron directamente con el usuario y ahora o casi no cubren los montos totales o crearon grupos de atención que no contemplan tus medicos de confianza pero te benefician con exceptuarte del pago de consulta y examentes. La viveza de los seguros ha perjudicado a mas de un usuario y ellos siguen ganando. Igualmente opino que las clinicas y los medicos cobran demasiado pero hay que tener cuidado con las regulaciones ellos nunca van a perder pero nosotros si, lamentablemente los grandes poderes nunca se perjudican, esto solo le ocurre a las personas con bajos recursos o con recursos limitados. Saludos. Excelente tu columna de hoy