martes, 19 de julio de 2011

IMPUNIDAD VS. INMUNIDAD

En Venezuela, como en gran parte de los países con sistemas de gobierno democráticos, se consagran los privilegios parlamentarios. Según la profesora Norma Paz, “nacen en Inglaterra, estos protegían, tanto a la persona del parlamentario como a su familia y a sus sirvientes. En sus orígenes aparecen estos como una consecuencia de las luchas que sostuvo el Parlamento inglés frente a la Corona, aquél necesitaba de ciertas libertades frente a las presiones del poder ejecutivo y del poder judicial, que en cierta forma era una dependencia del monarca.”

Actualmente, forman parte de beneficios heredados, al menos en nuestro país, del temor infundado en el nacimiento de nuestra democracia, donde ciertas prerrogativas protegían a los parlamentarios de ser perseguidos o enjuiciados por funcionarios de otros poderes públicos, sobre todo por emitir opiniones o acusaciones contrarias a los gobernantes de turno.

Sin embargo, ha sido sujeto de revisiones por parte de organizaciones mundiales, pues, se ha extendido su uso abusivo para burlar las instancias judiciales. Según la Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) “La inmunidad parlamentaria ha sido algo controvertido en algunas jurisdicciones debido a la posibilidad de abuso. En algunos casos, un miembro puede usar tal inmunidad para evitar ser procesado por acciones no relacionadas con sus obligaciones parlamentarias.” Esta situación ha motivado el desarrollo una investigación promovida por la GOPAC, con la finalidad de estudiar los temas relacionados con la inmunidad vs. la impunidad.

Al respecto, recientemente se dio a conocer la decisión de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la solicitud de acusación por homicidio intencional a Michael Ferrandina, diputado por el partido Copei al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, del cual actualmente preside, y la solicitud de suspensión del proceso por parte del mismo diputado, alegando que goza de inmunidad parlamentaria.

La Sala Plena, con tres votos salvados, declaró no procedente la inmunidad parlamentaria, pues al momento de ocurrir el suceso (22 de marzo de 2000) por el cual se le imputa, y donde falleció Cristóbal Rafael García Blanco, el actual presidente del CLEBM, era concejal del municipio Tomás Lander (Miranda).

Lo curioso de este suceso, es que en 2004, el diputado Ferrandina solicitó que se suspendiera el proceso, pues al ser electo diputado estadal, gozaba de inmunidad parlamentaria, por lo que no podía seguir siendo juzgado. Esta situación, puede ser evaluada como una evidente pretensión de distorsión de los privilegios parlamentarios, que en nuestro país, no sólo son de goce por parte de los diputados a la Asamblea Nacional, sino también de los diputados a los Consejos Legislativos, tal como se establece en el artículo 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, llama la atención el silencio de los medios de comunicación locales y nacionales sobre este suceso, pues a pesar de ser un caso del 2000, actualmente acaba el TSJ de tomar una decisión que puede afectar al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda. Igualmente, resalta el silencio del partido COPEI, pues Michael Ferrandina es diputado por el partido verde.

Considero que la inmunidad parlamentaria, garantiza la autonomía de los parlamentarios frente a las presiones que desde otras instancias puedan pretenderse. Sin embargo, tal como lo establece la GOPAC en su Segunda Conferencia Mundial en Arusha, Tanzania “un sistema de inmunidad parlamentaria puede obstaculizar la acusación legítima por acciones criminales, e incluso ofrecer protección a parlamentarios corruptos que abusan de su afiliación al parlamento para beneficio personal.”

Es importante que se retome el tema de los privilegios parlamentarios en Venezuela. A pesar de estar establecido en nuestra Constitución, ésta diferenciación por privilegios, puede situar a algunos ciudadanos por su condición de diputados por encima y al margen del marco legal, creando ciudadanos con derechos y deberes distintos a los de la mayoría.

Finalmente, espero que no sea objeto de politización este caso, ni de huelgas de hambre, ni estudiantes pidiendo “justicia”. Por el contrario, hacemos votos desde este espacio, para que las instancias competentes y el Diputado Ferrandina, logre aclarar tales acusaciones, por demás graves.

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