miércoles, 21 de septiembre de 2011

SOBRE EL CASO DE LEOPOLDO LÓPEZ

El fallo a favor de Leopoldo López aún ocupa un espacio importante dentro de la agenda pública. Un caso que contó con una decisión convencionalmente expedita en un momento preelectoral en Venezuela, adoptada por una institución que ha estado cuestionada por diversos gobiernos de los Estados miembros, ha generado una controversial decisión. En aras de nutrir el debate, quisiera compartir algunas ideas.

En primer lugar, hay que tener en claro lo decidido en la Corte. Tal como se expresa en el párrafo 100 de la sentencia, “El punto central del presente caso radica en las sanciones de inhabilitación impuestas al señor López Mendoza por decisión de un órgano administrativo”, con lo que la CIDH precisa que no deliberará sobre la inocencia o culpabilidad de Leopoldo López sobre los casos de corrupción por los que se le sancionó en Venezuela. Incluso, en el párrafo 98 lo deja en claro “la Corte no resolverá sobre la culpabilidad o inocencia del señor López Mendoza respecto a las actuaciones irregulares que le fueron imputadas, ya que esto es materia de la jurisdicción venezolana [por lo tanto] determinará si dichas sanciones y sus efectos sobre la presunta víctima son o no compatibles con la Convención Americana.”

A pesar de ello, se ha pretendido difundir una matriz de opinión sobre la inocencia de Leopoldo López de los casos de corrupción que se le imputa, con el interés de confundir a la opinión pública sobre la decisión asumida por la Corte. Dicha instancia no lo declara inocente de los casos de corrupción, ratifica que es materia de la jurisdicción venezolana, por lo que aun cuando el fallo le favorece, sigue siendo culpable de los hechos de corrupción que se le acusa.

Lo que motiva la sentencia de la CIDH a favor de López, es que el proceso por el cual se le sancionó no es compatible con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, y viola, según sus alegatos, el derecho a ser juzgado penalmente en un tribunal, pues “debería tratarse de una condena, por juez competente, en proceso penal” (párrafo 107).

La decisión adoptada de forma tan expedita por la CIDH implica, entre los aspectos relevantes, que el CNE debe permitir la postulación de Leopoldo López en el proceso electoral en el cual desee participar. Igualmente implica que la Contraloría General de la República deje sin efecto las sanciones administrativas interpuestas por los casos de corrupción. Aun cuando sigue siendo culpable de los casos de corrupción, la CIDH considera que debe permitírsele participar como candidato a cargos de elección popular.

Es preocupante que se genere este precedente. Implica un retroceso en los esfuerzos que diversas naciones hacen en pro de reducir este dañino flagelo. Y es una acción que se ha venido desarrollando en Venezuela, sin desmedro de la tolda o afiliación política.

La decisión de sancionar a López, no se trató, como se ha querido sostener, de una persecución política del gobierno a la oposición. Y así lo dejó claro la Corte en el fallo emitido: “el Estado no es responsable por la violación del derecho a la igualdad” (párrafo 195), por lo que no hay ninguna discriminación por el hecho de pertenecer o no a la oposición.

Por otra parte, está la credibilidad de la CIDH. Y es que los precedentes de decisiones de la Corte frente a sucesos ocurridos en Venezuela, marcan una profunda diferencia en cuanto a la forma como la Corte condujo el caso de López. Me refiero a los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, donde se pronunció luego de 7 años de haber introducido la demanda por parte de Cofavic, considerando que no se trató de un lesionado, sino más de 300 familias afectadas por la cruel represión del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y llama poderosamente la atención, la forma diligente y convencional de decidir sobre el caso de López, otorgándole un margen de tiempo prudente para participar en las elecciones primarias opositoras.

Pero pesar del precedente, la credibilidad y la cuestionable decisión adoptada, el Estado es firmante desde 1977 de la Convención Americana, tiene representación en la CIDH, participó en el proceso que se desarrolló en el caso de en cuestión, y forma parte del Sistema Interamericano de Naciones. Por ello, las decisiones adoptadas por sus órganos que afecten al Estado de Venezuela son vinculantes, mientras Venezuela forme parte de la O.E.A. o no se denuncie la Convención.

Aún el Tribunal Supremo de Justicia no se ha pronunciado oficialmente sobre el fallo, y el CNE declaró que está a su espera para acatar o no la sentencia de la CIDH. Ello denota lo complejo de la situación, en donde esperamos que las decisiones adoptadas, estén dentro del margen que imponen los intereses de la nación.

miércoles, 14 de septiembre de 2011

EL 07 DE OCTUBRE DE 2012


La incertidumbre y la ansiedad con respecto a las fechas de las elecciones del 2012, y ahora 2013, llegó a su final. El día martes 13 a principios de la tarde, Tibisay Lucena dio a conocer las fechas en las cuales se realizarán las elecciones: 07 de octubre de 2012 las presidenciales, en diciembre de 2012 las estadales y en abril de 2013 las municipales. Analicemos algunos aspectos generales de los ansiados anuncios.

Adelanto de elecciones

Una de los primeros mensajes que los medios privados, opinadores y líderes opositores han querido calar en la opinión pública, es que hubo un adelanto de las elecciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para hablar de adelanto se debe tener un referente legal, y en el caso de las elecciones presidenciales, no existe, más allá de la tradición de efectuar las elecciones presidenciales a principios del mes de diciembre.

Por ello, es falso que se haya generado un adelanto de las elecciones presidenciales. Incluso, de haberlo, pudiésemos atribuirlo al hecho de hacer público el calendario electoral con más de un año de anticipación a las elecciones presidenciales. Otrora, la antigua Ley del Sufragio y Participación Política estipulaba en su artículo 152 que debía fijarse con seis meses (por lo menos) de antelación las fechas para las elecciones, y que las mismas debían efectuarse un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente.

¿A quién le conviene?

Dentro de los criterios más relevantes para analizar a quien le favoreció más las fechas anunciadas, está el tiempo para desarrollar la campaña electoral. Obviamente, los más preocupados en este sentido eran los partidos de oposición. Luego de aceptar que ningún partido opositor por separado tiene la posibilidad de ganarle a Chávez, y que la única forma de tener al menos oportunidad es escogiendo entre todos los partidos opositores a un solo candidato, era necesario efectuar unas elecciones primarias, con lo que un tiempo estrecho entre la fecha de las primarias y la elección presidencial, hubiesen sido perjudiciales.

Desde principios de 2011, se vaticinaba que el CNE respondiendo a los intereses del PSUV y con las elecciones de septiembre de 2010 como antecedente, fijaría las elecciones presidenciales a mediados de año (mes de julio) para restarle tiempo a una oposición que realizaría sus primarias presidenciales en febrero de 2012. Afortunadamente, luego de los anuncios del CNE con algunas excepciones, las diversas toldas políticas y precandidatos dieron a conocer que los casi ocho meses que tienen luego del 12 de febrero, fecha en la que posiblemente se realicen las elecciones primarias opositoras, es suficiente.

Por otra parte, está lo relacionado a la salud del Presidente. Ya se puede leer a diversos analistas afirmando que fijar las elecciones presidenciales en octubre, favorece la posibilidad de realizar una campaña corta que no comprometa la salud del Presidente Chávez. Sin embargo, bajo este mismo criterio, hubiese sido más conveniente fijarla para el mes de diciembre, pues con ello se sumarían más tiempo para la recuperación del Presidente Chávez y poder afrontar los rigores de una campaña electoral. Por lo tanto, afirmar que el supuesto adelanto se realizó para que la campaña favoreciera al “candidato enfermo”, es desestimable.

Considero que a ambos sectores les fueron beneficiosas las fechas anunciadas, en la medida en que los tiempos establecidos se encuentran dentro del área de acuerdos aceptables principalmente por parte de la oposición. Incluso, para una posible maniobra de cambiar la fecha de las elecciones primarias, tendrían tiempo suficiente.

Elecciones separadas

Otro de los acuerdos importantes, fue la celebración no conjunta de los comicios, quedando estipulado que habrán de separación dos meses entre las elecciones presidenciales y las estadales, y cuatro meses entre estas últimas y las municipales. Según lo establecido en el marco legal, sólo se debía considerar la separación de las elecciones municipales de las de los órganos del Poder Nacional, en este caso del Presidente de la República. Sin embargo la decisión adoptada fue separarlas entre niveles políticos-territorales. Ello pudiera generar algunos efectos interesantes.

Inicialmente, la campaña electoral hasta octubre de 2012, va a estar centrada en la figura del futuro Presidente de la República, y los resultados obtenidos van a incidir de forma directa en las elecciones estadales. Por otra parte, las elecciones estadales sólo estarán separadas de las presidenciales por dos meses, lo cual se traduce en que las campañas a gobernadores y diputados a los consejos legislativos van a estar enlazadas a las presidenciales, en donde necesariamente la estrategia de “levantar la mano” asegurará el compromiso político de apoyar en cada entidad federal la campaña del candidato a la presidencia. Esta estrategia será mucho más efectiva en lo que se refiere al PSUV por la cohesión interna en torno a un solo líder, pero generará importantes escollos para garantizar el compromiso de los operadores políticos de los partidos de oposición en cada estado.

Finalmente, los concejales al culminar su período para el cual fueron electos en 2005, habrán cumplido el doble del tiempo para el cual fueron electos (cuatro años), teniendo el CNE que evitar a futuro que este tipo de fallas en el sistema electoral se sigan reproduciendo.

Estamos a un año de las elecciones presidenciales, y el desarrollo de las estrategias desarrolladas por las organizaciones políticas, irán permitiendo mayor claridad en el panorama electoral de 2012. Aún la campaña presidencial no arranca, y será interesante ver cómo operan los tiempos de los diversos procesos electorales. Le invito a seguir disertando sobre estos temas a través de la cuenta twitter @farith15 y la web www.farithfraija.blogspot.com.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

LA OPOSICIÓN EN 4 BLOQUES

Una de las dinámicas internas de la oposición se puede resumir en la frase: si no tienes tu bloque no tienes chance en el 2012. Recientemente, María Machado anunció la creación del suyo, pues al parecer el pavoneo político interno amerita llegar con apoyo que respalde las candidaturas a las elecciones primarias de febrero de 2012 (claro está, de realizarse). Ello deja en evidencia dos aspectos: No hay unidad en la oposición, y lo pragmático privará sobre lo ideológico.

Oposición en 4 bloques

Ya son cuatro los bloques sobre los que se sostiene la oposición, a saber, el bloque socialdemócrata (AD, UNT y ABP), el bloque progresista (PJ, CR, PPT, BR, VP, MAS, PODEMOS), el bloque socialcristiano (COPEI, Convegencia, PV, URD, Uppa) y el recientemente anunciado por María Machado “Unión para Avanzar”. La forma como se han agrupado, responde a dos lógicas distintas, mientras que unos aún se agrupan por razones ideológicas, otros se agrupan por razones pragmáticas.

Los del primer caso, pudiese definirse desde el punto de vista ideológico, a saber los socialdemócratas, los socialcristianos, responderían a esa explicación de agruparse. Y es lógico que se agrupen, pues a lo interno lo que existen en un reencuentro entre recientes facciones de los partidos originarios. O sea, “los hijos se reencuentran con sus padres”.

Pero en cuanto a los otros dos bloques, la lógica sería otra, muy similar al fenómeno que se estudió en Francia en los años 70, los partis attrape tout (partidos atrapa todo). Su “unidad interna”, responde más a los intereses de los líderes de cada agrupación política de mantenerse unidos para lograr mayores prebendas en procesos de negociación futuros, sobre todo en las candidaturas regionales y locales. En torno a María Machado, la conformación de un bloque de pequeños partidos, en algunos casos partidos que se conforman con no más de 10 militantes, básicamente responde a la necesidad de demostrar que se tienen apoyo político, así sea de movimientos muy modesto en cuanto a su capacidad de movilización.

¿Ideología partidista?

Atrás quedó, en un pasado que se asocia a un siglo que feneció, la identidad ideológica de los partidos que hoy conforman la oposición. Con estupor se contempla la unión de bloques opositores en donde internamente conviven líderes y agrupaciones con una base ideológica originaria muy disímil. Un caso particular es el del bloque progresista, en donde coexisten los partidos Causa R y Primero Justicia, los que las diferencias en cuanto a concepción política e ideológica dejaron a un lado, con tal de lograr acceder al poder en las elecciones venideras.

Lo que ha privado internamente ha sido las negociaciones para repartirse los apoyos a las gobernaciones y alcaldías, y ahora se suma a los intereses de permanecer unidos, no sólo la confrontación con el PSUV, sino la confrontación interna entre opositores de cara a los procesos electorales internos.

En otras palabras: internamente la oposición se divide en grupos para confrontar entre opositores, y externamente se pretende unificarse para confrontar a Chávez. Ello refuerza la tesis que establece como único factor común de la oposición, al presidente Chávez.

Pudiese más de uno desprevenido caer en la trampa de la “pluralidad interna de la oposición” como la garantía del carácter democrático. Incluso, reforzado cuando se compara con lo que sucede en la acera del frente, donde existe una real unidad en torno a Chávez. Sin embargo, el carácter democrático no debe caer en la simplicidad de la comparación entre casos, sino en la correspondencia con los parámetros teóricos que modelan a la democracia.

Por otra parte, la pluralidad lo que deja claro es que no ha sido posible conciliar en una visión de país o en un proyecto político, al menos hasta el momento, en donde se establezca un plan de gobierno mínimo, pues lo único que tienen como visión de país, es uno donde Chávez no siga gobernando.