miércoles, 21 de marzo de 2012

UNA PROPUESTA PARA LOS PERIODISTAS

A pesar de la campaña emprendida desde la oposición para confundir al elector venezolano sobre un posible cambio en el cronograma de las elecciones presidenciales, si de algo podemos estar seguros es que el 07 de octubre se reelegirá o se elegirá el Presidente de Venezuela. Y al menos hasta el momento, hay dos candidatos que tenderán a polarizar las elecciones, Hugo Chávez y Henrique Capriles.
Aun cuando reconocemos que la democracia no se reduce al acto electoral, no es concebible un sistema democrático moderno sin la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes. Por ello, la importancia de la autoridad rectora en la materia electoral, es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. En nuestro país, fue elevado a Poder Electoral con rango Constitucional, y teniendo al Consejo Nacional Electoral como su ente rector, en la nueva Constitución de 1999.
Hasta la fecha, solo el PSUV y su candidato a la relección presidencial ha manifestado el respeto a la voluntad popular de los electores. Hay que reconocer que el PSUV ha aceptado los resultados de los diversos procesos electorales en el país, incluso aquellos en los cuales ha sufrido un revés electoral. Y en las elecciones que se han desarrollado tanto a nivel nacional como en los diversos niveles estadales y municipales, no ha existido por parte del PSUV ninguna actitud que atente contra la institucionalidad del CNE.
Una situación contraria se evidencia en los predios de la oposición. En diversos momentos electorales en nuestro país, han actuado con una clara intención de atentar contra el Poder Electoral. Dos ejemplos nos pueden ayudar a evidenciar tal afirmación. En primer lugar, el supuesto fraude electoral de 2004, en donde hasta el momento no hemos recibido noticias de las denuncias cursadas por Freddy Lepage y Timoteo Zambrano, en las cuales aducían que había una triangulación malévola entre la empresa Smartmatic, Cantv y el CNE. Lo interesante es que la misma “triangulación”, con las mismas máquinas y ahora con lectores ópticos, fueron las que permitieron la elección de Zambrano como Diputado al Parlatino.
En segundo lugar, las elecciones parlamentarias de 2005 y 2010. Uno de los argumentos utilizados para no participar en las elecciones de 2005, fue que el marco normativo electoral era desventajoso para la oposición. Pero curiosamente en el 2010, una de las principales peticiones de esa misma oposición, era que se volviera a aquel marco normativo del 2005, pues había sido modificado suplantando aquel que sirvió como argumento para no participar.
Para las elecciones presidenciales, aún la oposición no ha manifestado que se respetarán los resultados, a solo 199 días de la realización de los comicios. Esto pareciera ser una estrategia opositora de tener un “Plan B” frente a una posible derrota electoral. Todo ello muy a pesar de haber contado con el apoyo técnico del CNE en el proceso de las elecciones internas que celebraron la segunda semana de febrero.
Por ello, mi propuesta para los periodistas es la siguiente: Dentro de las preguntas que se le formulen a líderes opositores, y en especial a quienes conforman el comando de campaña de Henrique Capriles, incluyan la interrogante sobre si se va a respetar los resultados aun siendo derrotados el 07 de octubre. De ello dependerá que la oposición asuma el compromiso público de respetar los resultados electorales, así como la institucionalidad del CNE. No considero saludable para el país, seguir guardando silencio.
Si algo se debe reconocer a Manuel Rosales, fue el haber aceptado su derrota y reconocer que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2006. Recordemos que nuevamente se pretendía desconocer los resultados y llamar a fraude. Incluso, días antes de las elecciones, la FAN dio a conocer a los medios de comunicación, la incautación de material publicitario, llamando a la “Gran Avalancha Contra el Fraude” el próximo 05 de diciembre. Dicha manifestación, se había pautado para las 10:00 a.m. partiría de la Plaza Altamira hasta Miraflores, en Caracas. Sin embargo, la decisión tomada por Rosales fue política y democráticamente correcta y sensata.
Los meses por venir serán, tal como habíamos señalado en artículos anteriores, de alta conflictividad política. Por lo tanto, reconocer el árbitro electoral es un paso fundamental para garantizar un desenlace democrático y pacífico en las elecciones presidenciales. Al menos puede ser una garantía que eleve los costos políticos para asumir una postura contraria al compromiso que debe ser asumido. Ustedes tienen un rol privilegiado en la precisión del mensaje opositor. Optimícenlo a favor de la democracia.

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