Hasta la fecha, se ha intentado en cinco oportunidades acceder a través de la vía del golpe de Estado a los predios del poder, desde que en 1958 iniciara Venezuela su historia democrática. Sin embargo, El Carupanazo y el Porteñazo (1962), las rebeliones de febrero (1992), marcan diferencias importantes con el 11 de abril de 2002, otorgándole un singular significado al último intento por utilizar fórmulas no democráticas para acceder al poder político.
La primera diferencia notable, son los promotores. Si bien en los anteriores a 2002, los militares que asumieron el liderazgo de las intentonas pertenecían a la oficialidad superior (exceptuando el intento de noviembre de 1992), en el golpe del 11 de abril, los oficiales eran Generales y Almirantes. En los anteriores intentos, no hubo la posibilidad de vincular a todos los componentes militares de las Fuerzas Armadas del país, mientras que en 2002, el alto mando militar de los cuatro componentes participó activamente en el Golpe de Estado.
Sin embargo, donde las diferencias son mayores, es en la orientación política de los grupos civiles. A excepción del 2002, las anteriores conspiraciones contaron con la participación de líderes y militantes de sectores políticos vinculados a la izquierda y a organizaciones sociales de base.
En el caso del golpe contra Chávez, el grupo de civiles estaba vinculado a las antiguas corporaciones que dominaron la escena política del país hasta 1998 (Fedecamaras, CTV) así como la cúpula de la iglesia católica. Llama poderosamente la atención dentro de los firmantes del acta que proclamaba a Pedro Carmona como Presidente de facto en Venezuela, la participación de reconocidos empresarios nacionales.
En cuanto a los partidos políticos vinculados al golpe de Estado, se conoce de la participación de los partidos tradicionales opositores a Chávez, pero el de mayor y notoria participación fue Primero Justicia, el cual a la usanza de las declaraciones de los altos mandos militares, hizo un pronunciamiento público como partido político, solicitando la renuncia de los que para el momento ocupaban los altos cargos directivos de los poderes públicos y de PDVSA.
Por otra parte esta el rol de los medios de comunicación. En el Carupanazo, las emisoras de radio locales fueron tomadas por los golpistas para radiar manifiestos en nombre de la “Recuperación democrática”. Desde aquellos intentos, el control de los medios de comunicació es un factor crucial en los planes que conllevan al control del poder político. Durante las intentonas de febrero, los canales de televisión así como las antenas transmisoras fueron objetivos militares, pues de su control dependía la masificación del mensaje insurgente.
En cambio, en 2002 los medios privados pasaron a ser actores políticos. En primer lugar, legitimaron el golpe de Estado y sus promotores tanto en el país como en el exterior. En segundo lugar, se pretendió crear una matriz de opinión adversa a los que apoyaban al gobierno y a los que formaban parte de él. Recordemos el caso de los “pistoleros de Llaguno” y como a través de la manipulación de las imágenes, se pretendió fabricar la matriz que pistoleros chavistas, miembros de círculos bolivarianos, disparaban a manifestantes desarmados de oposición.
Otro de los elementos es la gradualidad y sofisticación del golpe de estado. Los hechos de 1992 pueden ser analizados como la consecuencia de los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989; sin embargo no hay una relación directa entre los actores de ambos sucesos, precisando que el “Caracazo” fue conducido por un liderazgo absolutamente difuso. Igualmente el Porteñazo, lo antecedieron dos sucesos importantes como los fue el Carupanazo y el Guairazo (protesta en apoyo a la huelga de transporte publico), pero no obedecía a acciones planificadas, como si queda en evidencia en los sucesos del 11 de abril.
El paro obrero-patronal fue el preludio. La alineación de los medios, los actores militares que no necesitaron la movilización de tropas, la concentración de miles de venezolanos en rechazo al gobierno, y el compromiso de los actores políticos opositores, permitió un desarrollo menos traumático del golpe seco contra el gobierno del presidente Chávez. Incluso, se intentó fundamentar en la propia Constitución (golpe constitucional) forjando una supuesta renuncia, la cual a pesar de las palabras del entonces Ministro de la Defensa, fue desmentida por el mismo presidente Chávez.
Finalmente están los mecanismos constitucionales para la resolución de la ingobernabilidad. En los dos sucesos de 1962, la salida a la crisis de gobernabilidad, pasó por el uso exagerado de la violencia de Estado contra sus opositores, aquellos excluidos del pacto de Punto Fijo. En 1992, se hizo uso del mecanismo de impeachment (juicio al Presidente) que le dio una solución a la crisis de gobernabilidad que se desató durante el segundo gobierno de Carlos A. Pérez. En la actual Constitución Bolivariana, se consagran mecanismos que permiten salidas pacíficas y democráticas a posibles crisis de gobernabilidad. Por ejemplo el referéndum revocatorio, el cual se podía activar (como en efecto se hizo) en 2004. A pesar de ello, los actores del 11 de abril, optaron por la vía violenta y no democrática.
Quisiera recordar las palabras de nuestro Libertador “El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Uno de los factores más importantes de nuestro actual diseño constitucional, son los mecanismos democráticos para la resolución de conflicto de gobernabilidad. Sin embargo, tal mecanismo solo es eficiente, si se cuenta con el apoyo popular. Luego del golpe de abril, Chávez fue ratificado en 2004 como presidente de Venezuela por un margen de 19 puntos porcentuales de ventaja, y en 2006 se convirtió en el presidente más votado de la historia política contemporánea del país, en términos absolutos y relativos con 26 puntos de diferencia.
