Luego de las elecciones regionales del pasado 16 de diciembre, ha surgido un interés especial en el tema parlamentario. Desde finales de los años ochenta se introducía en la agenda académica latinoamericana el tema del parlamentarismo confrontado al presidencialismo, haciendo estudios comparados con experiencias fundamentalmente europeas.

Pocos han sido los diseños institucionales en América Latina que han ensayado estructuras distintas a las presidencialistas, donde un solo hombre ha estado al frente de las responsabilidades ejecutivas. Dentro de ellos encontramos los caso del triunvirato uruguayo de 1953, o las juntas de gobierno en Venezuela. Pero son casos aislados que han respondido a coyunturas políticas y no ha diseños estructurales de formas de gobierno distintas a las históricamente consolidadas.

Lo cierto es que respondiendo nuevamente a una coyuntura política, retoma el interés político la figura del parlamento. A nivel nacional por la situación que se produce por las complicaciones de salud del reelecto Presidente Chávez, donde el rol de la Asamblea Nacional es fundamental dentro de la necesidad de garantizar la gobernabilidad del país. A nivel regional, por el triunfo histórico del Partido Socialistas Unido de Venezuela (PSUV) en 22 de 23 Consejos Legislativos, donde incluso en Lara y Miranda donde la oposición mantuvo el control del ejecutivo estadal ahora el PSUV tiene mayoría parlamentaria.

Uno de los espacios en los cuales tengo absoluta certeza se van a librar episodios políticos de alta relevancia política, será en los parlamentos nacional y estadales. El impacto que va a generar en la opinión pública y en la sociedad venezolana, va a ser una mayor atención en estas instancias fundamentales para el desarrollo institucional de la democracia venezolana.

Estoy seguro que en nuestro país va a tomar una mayor relevancia la función que cumple el poder legislativo, donde se puede reavivar las discusiones que se habían mantenido en la academia latinoamericana, donde uno de los temas centrales era el equilibrio en el desarrollo de las funciones de gobierno de los poderes ejecutivo y legislativo.