La corrupción en Venezuela no es un tema novedoso. Creo que para pocas sociedades, es algo ajeno, impropio pues forma parte de las miserias humanas. Sin embargo al hablar del tema centramos nuestra mirada en el sector público, en quienes administran los asuntos comunes, nuestros ingresos, nuestras riquezas como Estado. Poco vemos hacia otras dimensiones de la realidad, aquellas que están más bien en el ámbito de lo privado. 

No nos es sinónimo de corrupción las prácticas cotidianas de los vendedores de vehículos que piden una "comisión" para que puedas acceder a uno nuevo, o al dueño de bodegas que remarca con precios actuales los productos que compró hace seis meses, o el que acapara para luego vender a precios exhorbitante. Pareciera a veces establecerse una relación unidireccional entre corrupción y sector público, con lo que se desconoce gran parte de la génesis del problema. 

Como sociedad, debemos atender el tema de la corrupción, desbordado en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hemos legitimado y vemos como algo normal, e incluso como una práctica social vanguardista, el que accedamos a ciertos bienes y servicios a través de vías rápidas, que implican casi siempre la reproducción de conductas anómicas, que vulneran y debilitan a las instituciones tanto públicas como privadas.

Ser corrupto y corromper, entonces lo hemos convertido en algo bueno, y hasta deseable. Ser corrupto es ser vivo, pilas, estar en la buena, estar montao, e incluso estar enchufao. Corromper, es sinónimo de poder, pues quien lo puede hacer es porque tiene los recursos tangibles y/o intangibles para vulnerar procedimientos e instituciones,  y lograr objetivos individuales e incluso hasta colectivos.

¿Qué diferencia existe entre quien se aprovecha del cargo público que ostenta para sobornar a empresarios para que paguen comisiones a cambio de un documento o la omisión de un procedimiento, con el que ostenta el cargo de vendedor de vehículos en un concesionario privado y mediatiza la obtención de un vehículo nuevo a cambio de una jugosa comisión? ¿En qué se diferencia aquel que le pide a un proveedor que le ponga un sobreprecio a lo que vende para que le pague su comisión, y aquel que acepta para que le sea otorgado un contrato? ¿Qué diferencia existe entre quien soborna a un funcionario de tránsito terrestre para que haga un informe que oculte el estado de ebriedad que le condujo a chocar contra otro vehículo, y el funcionario que acepta, sin importarle las consecuencias que pudiera causarle a la otra parte? ¿No es la misma acción de corrupción el abogado que le paga a un juez para que deje en libertad a un asesino, y el juez que acepta el soborno? ¿Y si el asesino sigue haciendo fechorías y cobrando vidas de quién realmente es la culpa? 

El asunto no es efectivamente el sector público, sino un problema de orden social. Por ello aplaudo que el gobierno esté atacando las consecuencias del problema, pero insto a que como Estado (gobierno y sociedad) se diseñen estrategias para atacar sus causas. De ahí, que debemos hacer un esfuerzo colectivo para dirigir políticas sociales hacia tres sentidos: atacar las causas, sancionar las consecuencias, y prevenir la ocurrencia.
No podemos obviar, que efectivamente la corrupción dentro de lo público, y sobre todo cuando el gobierno ha impulsado el desarrollo de un diseño de políticas públicas inclusivas, que aseguren el bienestar colectivo, que empodere a las comunidades organizadas, es mucho más grave. Negociar con la pobreza y la necesidad de los desposeídos es un acto criminal, y debe ser sancionado con todo el peso de la ley. 

Pero lo más preocupante, es la reproducción de las mismas prácticas en las nuevas formas de organización socioterritorial, los consejos comunales, en donde se reproduce de forma vulgar los vicios de espacios públicos en cuanto al manejo transparente de los recursos comunitarios.

Asumamos como sociedad el desafío de cambiarla por cuenta de nosotros mismos,  exijamos al gobierno que cese la impunidad, y que continúe golpeando certeramente a quienes vilipendian los recursos del Estado. No descarguemos nuestras responsabilidades como sociedad en los hombros del gobierno, sobre todo cuando en nuestra voluntad está la forja de un nuevo mañana, de un país y una sociedad distinta, honorable.

Publicado en el Diario La Región el 30 de junio de 2013