Hay que estar muy pendientes con el desempeño de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En esta novedosa institución, que viene a sembrar esperanzas de una nueva institucionalidad en materia de seguridad ciudadana (no sólo policial), debe ser un acto de corresponsabilidad social garantizar su buen desempeño. Y pongo el acento en la PNB porque forma parte de los esfuerzos novedosos para sanear a nuestras policías, partiendo de una formación integral y respetuosa de los derechos humanos, y con alta efectividad en el control y combate a la delincuencia.
Sin embargo, es un derecho y deber la corresponsabilidad con el seguimiento y control de las actividades de las instituciones públicas en general y la empresa privada, tal como está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Contraloría Social.
Por ello hago un responsable llamado al ejercicio del control de los ciudadanos organizados y a la propia PNB,  porque es lamentable que tempranamente se evidencien desviaciones de lo que debe ser la conducta proba, correcta, proactiva de la función de algunos de ellos. Específicamente me refiero a la repetición de la práctica del matraqueo y la ya clásica conducta corrupta de la vigilancia e investigación del tránsito vehicular.
Ello evidencia el que definitivamente el problema está en el gen de la corrupción que tenemos como ser social, el cual debe ser atacado con cero impunidad y con una actividad de inteligencia social y policial que permita sacar de la canasta a las manzanas podridas.
Lo sucedido en Indepabis y Ferrominera son actos ejemplarizantes que deben ser replicados en otras instituciones, que se conozca, se difunda, se asuma como una acción férrea del estado contra las prácticas corruptas. Pero es fundamental que se sancione con la fuerza de la Ley y no se permita bajo ningún pretexto que se aplique con suavidad la misma sea al nivel que sea.
Recordemos que hace unos años también el INTT fue noticia con el caso de la matriculación de vehículos. En aquella oportunidad fue desmontada toda una banda de funcionarios corruptos que fueron sancionados. Igualmente ocurrió en el Saime, en donde se aplicó con fuerza las sanciones contra los gestores y matraqueros, lo que permitió sumado a la automatización de muchos de los procesos reducir notablemente la corrupción en la institución.
Pero lo lamentable es que se sigue conociendo la recurrencia de prácticas, y sigo colocándole el acento al tema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué no se van oficiales "de civil" en un camión para que sean parado en una de las alcabalas y evidencien si los funcionarios están o no matraqueando a los conductores? ¿Por qué no hacen lo mismo pero en una moto que se coma la luz roja de un semáforo para ver si es detenido y multado por los funcionarios de tránsito, y de no ser así se sanciona disciplinariamente a los policías que no lo hicieron? ¿Por qué no transitan en la misma moto sin casco y pasan por el frente de donde estén policías a ver si son detenidos y multados? ¿Por qué no se hacen pasar por un chofer y recogen a pasajeros fuera de las paradas legales y verifican si están o no sancionando a los infractores? ¿Qué tal si van con un arma ilegal y hacen que sean detenidos por funcionarios policiales y verifican que no estén cediendo ante el ofrecimiento de dinero a cambio de la liberación inmediata? ¿Por qué no inspeccionan aleatoriamente algunos de los establecimientos a los que los bomberos le renovaron el permiso que otorgan y revisan que efectivamente hicieron su trabajo de forma correcta y no por ceder ante las prácticas corruptas?
No podemos permitir que el gen de la corrupción se active en nuestra Policía Nacional Bolivariana, y pudra todas las manzanas de la canasta. Hay que combinar la denuncia social con la creación de mecanismos que permitan hacer fluir la contraloría y la inteligencia social. Igualmente intensificar las actividades de investigaciones internas para detectar de forma proactiva quiénes están reproduciendo las prácticas corruptas.
Se evidencian buenas acciones del gobierno nacional para combatir la corrupción. Pero no olvidemos que también como ciudadanos podemos formar parte de las soluciones, superando el rol pasivo de criticar constantemente el problema. La contraloría social es parte de esas soluciones. Otra importante, extirpar de la formación familiar la viveza criolla como una práctica social correcta y el respeto a las instituciones.

Publicado por el Diario La Región el 16 de junio de 2013